Si te condenan a menos de dos años, sí puedes entrar en la cárcel

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Hace poco, ante la cantidad de barbaridades que observé en redes por la sentencia del caso Borja (en la que el juez no consideró legítima defensa, sino homicidio imprudente), vi necesario publicar un post llamado “¿De verdad sabes qué es la legítima defensa?”, que ha tenido una aceptación impresionante.

Pues bien, con respecto al mismo caso, hace unos días se hizo pública la suspensión de la pena de prisión de Borja (el condenado) y volví a notar que, en general, hay una preocupante desinformación en lo relativo a la figura de la suspensión, por lo que veo interesante hacer ciertas matizaciones.

¿Qué es la suspensión de la condena?

En múltiples ocasiones, escuchamos frases como: “Le han caído dos años, ese no entra en prisión…”, “no te preocupes, si no llega a dos años no pisas la cárcel…”. Pero, ¿hasta qué punto llevan razón estos comentarios?

Si tomamos por buenas estas afirmaciones, ello supondría que ninguna pena de prisión de menos de dos años se cumple dentro de un centro penitenciario, y esto es incierto.

Estas famosas frases, repetidas como dogmas inmutables hasta la saciedad, hasta el punto de crear un sesgo erróneo en la sociedad, no son más que el reflejo (incompleto) de una figura efectivamente regulada en nuestro ordenamiento: La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (regulada en los artículos 80 y siguientes del Código Penal).

El artículo 80.1 del Código Penal, establece lo siguiente:

1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

Por tanto, podemos describir la supensión de la ejecución de la pena como la facultad que tiene el juez de dejar en suspenso el cumplimiento de la pena impuesta a un condenado en sentencia firme.

Tenemos que tener en cuenta que lo que se suspende no es la pena, sino la ejecución de la misma. De este modo, el condenado sigue teniendo su condena vigente durante la suspensión, pero lo que no tiene que hacer es cumplirla. De ahí que lo que se entienda a primera vista es que “no se entra en prisión”.

Para que un juez o tribunal conceda esta suspensión, deben concurrir una serie de requisitos, que pasaremos a estudiar en el siguiente epígrafe.

¿Qué requisitos son necesarios para que se suspenda la ejecución de pena?

Antes de tomar por buena cualquier cosa relacionada con el Derecho, hemos de partir de la base de que esta rama del conocimiento tiene siempre una justificación jurídica. Esto significa, que todo está (o debería estar), regulado en la ley.

En este caso, el artículo encargado de enumerar los requisitos de deben concurrir es el 80.2 del Código Penal, que establece tres:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. (…)
2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años (…)
3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles (…)

Los artículos posteriores regulan otros requisitos adicionales, aplicables en supuesto más específicos, como sería el de drogodependencia del condenado. Prefiero tocar en este post solo estos 3, del segundo apartado del artículo 80, ya que son los generales.

1. Que el condenado haya delinquido por primera vez

En concreto, el artículo mencionado establece lo siguiente:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

Por tanto, hemos de tener en cuenta que, para que el juez o tribunal nos conceda este beneficio, no podemos tener antecedentes penales, pero, en caso de tenerlos, estos tienen que haber sido cancelados, ser cancelables o, por su naturaleza diferente a la de la condena que se pretende suspender, no ser relevantes a efectos de reincidencia.

Por ejemplo: Si tengo antecedentes por malversación de caudales públicos, estos no deberían constituir un impedimento para que se me suspendiera la ejecución de una pena de prisión por lesiones. Esto es así, porque la comisión de delitos de malversación no importa para considerar que pueda cometer nuevos delitos de lesiones.

Otro ejemplo: Si tengo antecedentes por homicidio, y pretendo que me suspendan la ejecución de una condena por lesiones, no cumpliría este primer requisito. Por su parte, estos delitos son de naturaleza análoga, por lo que la comisión del primero sí puede ser tenida en cuenta para considerar una posible comisión futura del segundo.

2. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años

El segundo de los requisitos es relativo a la duración de la condena.

Sin tener en cuenta la pena derivada del impago de la posible multa, la pena impuesta no debe superar los 2 años.

Este requisito es el único en el que se basan las opiniones incompletas que tanto se leen en redes. No es solamente que la pena sea inferior o igual a 2 años, sino que, además, se deben cumplir los otros requisitos.

3. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles

La responsabilidad civil se traduce como una cantidad de dinero impuesta por el juez o tribunal al condenado, mediante la cual se tratan de resarcir los daños a la víctima o a sus familiares.

No es una multa, sino una cantidad dineraria que comparte más las características de la indemnización.

Como tercer requisito para poder obtener la suspensión de la ejecución de la pena, está el pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito.

El Código Penal establece que:

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

Hemos de tener en cuenta que, como se establece en la ley, “los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución”. La concesión de la suspensión es una potestad de los jueces, estos es, pueden llevarla a cabo, o no. No es algo automático, sino que la última palabra (aunque se cumplan todos los requisitos) es del juez.

Asimismo, la suspensión queda supeditada a la no comisión de nuevos delitos por parte del condenado puesto que, de cometerlos durante el tiempo que dure la suspensión (que puede ser de dos a cinco años), tendría que cumplir tanto la nueva condena, como la suspendida (y ya no podría pedir de nuevo la suspensión, puesto que no concurriría el primer requisito; delincuente primario).

¿Por qué han suspendido la condena de Borja?

En relación con el caso de Borja, he leído de todo. Desde personas que, al leer la noticia de la suspensión consideran que el juez se equivocó al poner la sentencia, y ahora está reculando, hasta partidos políticos que se autoadjudican el mérito de esta suspensión.

Todo ello, por supuesto, incierto.

En el caso de Borja, la condena establecía dos años de prisión por homicidio imprudente más el pago de una responsabilidad civil a la familia del fallecido de 180.000 euros.

La suspensión de la condena, por tanto, se ha otorgado por tres motivos:

  • Borja no tenía antecedentes penales (primer requisito).
  • Tras una campaña de crowdfundig, consiguió reunir el dinero necesario para pagar la responsabilidad civil (180.000 euros) (segundo requisito).
  • La pena era de dos años (tercer requisito).

Es por la concurrencia de estos tres motivos, y solo por esto, que el juez ha considerado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de Borja. Nadie ha influido en la decisión, y las presiones en la calle no han impuesto al tribunal el deber de dejar en libertad a Borja por (como he leído) ser un héroe.

Con la ley en la mano, Borja cumplía los requisitos del artículo 80.2 para conseguir la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. Y así lo ha admitido el juez.

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