¿Sabes quién elige a los miembros del Senado?

Publicado por Daniel Dorta Hernández.

La estructura parlamentaria. Parlamentos unicamerales y bicamerales

A lo largo y ancho del globo nos encontramos con una gran diversidad de sistemas políticos, aunque en lo que refiere a la estructura de los Parlamentos, esta se suele regir por un sistema unicameral o bicameral, y dentro de este último, hay bicameralismos más o menos simétricos.

En ciertos países la asimetría es tal que se roza el unicameralismo, como es el caso del Reino Unido, que, a pesar de que poseer la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, la actividad política y parlamentaria se centra en la primera, mientras que la segunda no es más que un foro intelectual y de discusión con la única capacidad de retrasar ciertos proyectos legislativos. 

En los sistemas bicamerales, la Cámara Baja viene a representar el reparto partidista e ideológico de la Nación, entendida esa como un único, a pesar de que los parlamentarios sean escogidos por circunscripciones territoriales, mientras que la Cámara Alta se ha venido transformando desde una cámara aristocrática hasta una cámara de representación territorial.

De esta última se valen los Estados plurinacionales (que son la inmensa mayoría) para representar las distintas identidades del país en el gobierno del mismo. De esta forma, hay pocos países plurinacionales que no posean una cámara de representación territorial, entre ellos, Venezuela (unicameral) y el Reino Unido (que es prácticamente unicameral). 

La configuración del sistema español

En nuestro país, es de sobra conocido que la Constitución de 1978 configura un sistema bicameral compuesto por una cámara baja, el Congreso de los Diputados, y una cámara alta, el Senado, al que le asigna la representación territorial del pueblo español (art. 69.1 de la Constitución).

Ahora bien, la cuestión es que, en España, el constituyente decidió que nuestro sistema fuese tremendamente asimétrico, de forma que el Senado resultase una cámara de segunda lectura con muy poco poder respecto del Congreso, que es la Cámara en la que reside la actividad política. Es tanta la asimetría que el propio Congreso, ante la inutilidad del Senado, ha desarrollado una faceta de representación territorial mediante los partidos nacionalistas periféricos, aunque esta faceta ya se preveía en el sistema electoral original. 

Esta escasa relevancia política de la cámara alta tiene su origen en dos elementos: el primero, el procedimiento legislativo, que no analizaré aquí, y el segundo, la forma de elección de sus miembros. En efecto, la Constitución, en su artículo 69 establece que los senadores se elegirán mediante dos sistemas: Una parte, por provincias, islas y ciudades autónomas, y la otra, por parte de los parlamentos de las Comunidades Autónomas. 

Sistema de elección de senadores en España

Y es aquí cuando llegamos al quid de la cuestión: Si el Senado es una cámara de representación territorial, y en nuestro país estas identidades de regiones y “nacionalidades” (sea lo que sea esto) se personifican en las Comunidades Autónomas en que se reparte el territorio nacional ¿Qué pintan aquí las Provincias? Es más ¿Qué pintan las provincias eligiendo a la mayoría de senadores y senadoras? 

La respuesta tradicional del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política es que este método de elección fue simplemente un error, intencionado o no, del constituyente, el cual no atendió a una circunscripción autonómica que representara la realidad territorial española. 

Lo que vengo a defender aquí es que nada más lejos de la realidad: El Constituyente lo hizo todo lo bien que pudo. Me explico: 

La división de España en provincias se produjo allá por 1833 por el ilustre granadino Javier de Burgos, y desde entonces, y aun a pesar de las modificaciones posteriores, ha sido la provincia la división general del Estado. En este sentido se pronuncia nuestra actual Constitución cuando dice, en su artículo 137 que:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. (…)”.

Asimismo, en el artículo 141 define a la provincia en su doble faceta como “agrupación de municipios” (para lo cual se crean las Diputaciones como organismo intermunicipal) y como “división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” (De aquí, los Gobiernos civiles, posteriores Subdelegaciones del Gobierno). 

Pero no solo eso, sino que, si releemos el artículo 137, este habla de las Comunidades Autónomas “que se constituyan”. Este es el punto clave: El constituyente desconocía cuántas Comunidades Autónomas se iban a constituir. Era evidente que ciertas regiones como Cataluña, País Vasco o Galicia se constituyesen como tales, pero, ¿Quién iba a prever entonces que Madrid fuese a constituirse como Comunidad Autónoma? 

Así pues, el constituyente diseñó un sistema de elección del Senado en función de la división territorial que había tenido España desde hacía casi 150 años, y añadió, como previsión, un plus para las Comunidades Autónomas que se constituyesen.

Hoy, 41 años después, podemos comprobar cómo el diseño yerra tremendamente, pero no por defecto del diseñador, sino porque, (y esto, para mi gusto es lo más llamativo) se ha producido una verdadera mutación constitucional soterrada en la forma de entender España y su Estado.

Así, dicho rápido y mal, hemos pasado de ser un Estado dividido en provincias y con ciertas regiones con una identidad más fuerte que el resto, a un Estado dividido íntegramente en entidades subestatales que reclaman cada día más poder y más diferencias culturales con la región vecina.

Y la Constitución, para no caer en el desprecio político del pueblo al que ampara, debe adaptarse al nuevo modelo de Estado en que se ha convertido España y dar así vía libre a las tensiones territoriales en un foro institucionalizado de discusión.

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