¿Es viable la independencia de Cataluña desde la óptica del Derecho Constitucional español?

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La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, también conocida como la “Sentencia del Procés”, ha desatado una verdadera tormenta en las calles de Cataluña. Con la influencia que tiene en una precampaña electoral. Los penalistas se encargarán de analizar el sentido del fallo, nosotros nos centraremos en la cuestión que subyace de fondo del asunto.

España según la Constitución

No tenemos que bucear en exceso en el articulado de nuestra Carta Magna para conocer cuál es la concepción que tiene de nuestro Estado. Según su artículo 2, el fundamento último de la Constitución es:

“La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.”

Del mismo modo, como es sabido, España, en virtud del artículo 1 de la misma Constitución es:

Un Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1). En el que el ejercicio de la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artículo 1.2.)”.

Reivindicación de los partidos nacionalistas de Cataluña

Cualquier español que no hubiese estado habitando en una burbuja durante los últimos 10 años, sabe que la reivindicación de los nacionalistas catalanes no es otra que la de constituir su Comunidad Autónoma como un Estado. Para ello, se busca de forma constante y reiterada acordar que el Gobierno Central permita a las instituciones catalanas llamar a las urnas a la población empadronada en dicha Comunidad Autónoma a un referéndum que decida sobre la situación de Cataluña hacia España. Todo ello en el marco del denominado “derecho a decidir”, y con efectos vinculantes.

Ni que decir tiene que ya existen dos hitos históricos previos a dicha solicitud de acuerdo o diálogo que se enarbola. La consulta del 9 de noviembre de 2014, organizada por la Generalitat presidida por Artur Mas; y el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, que patrocinó el ejecutivo presidido por Carles Puigdemont (actualmente fugado de la justicia).

Este último fue utilizado como justificación para promulgar la declaración unilateral de independencia, aprobada en el Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017 y suspendida de forma inmediata por parte del president Carles Puigdemont.

¿Qué es el derecho a decidir?

Es interesante detenernos en esta cuestión. Suele hablarse de este derecho (o al menos, solía hablarse de él) en tiempos anteriores al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Pero entiendo que nunca se ha explicado de forma clara y concisa, al menos al gran público, qué significa, en este contexto, el derecho a decidir.

Para Vicenç Navarro, es el derecho a escoger entre varias alternativas, con plena libertad de expresión en la presentación de estas. Sin embargo, no existe texto legal que fundamente estas afirmaciones. Es más, la doctrina, de forma casi unánime, rechaza esta construcción jurídica.

Algunos autores, como Martín Ortega, achacan que este “derecho” se encuentra totalmente ligado con las construcciones del poder vigente, afirmando incluso que entonces la democracia se convierte en autocracia. Lo que lo pervierte y vicia desde el primer momento.

Sobre la base de esta construcción, ha hecho un silogismo de este supuesto “derecho” con el derecho a la autodeterminación, que sí se encuentra definido en el ordenamiento jurídico internacional, con la evidente incidencia que tiene en nuestro Estado. Todo ello, con el fin de fundamentar las pretensiones de los sectores independentistas de la sociedad catalana. Siguiendo esta lógica, se llega a la conclusión de que “tengo derecho a decidir si quiero ejercer o no mi derecho a la autodeterminación”.

¿Puede acceder Cataluña a la independencia por la vía del Derecho a la Autodeterminación?

Al hilo de la exposición previa sobre el “derecho a decidir”, se ha hecho referencia a este derecho reconocido por el ordenamiento jurídico internacional. Conviene por sistemática una referencia a él.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos se induce de la Carta de las Naciones Unidas, en concreto de sus artículos 1.2 y 55, que hablan de los propósitos de esta organización internacional. Entre ellos, encontramos fundamentalmente en el artículo 1.2 de la Carta de Naciones Unidas la siguiente expresión:

Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derecho y al de la libre determinación de los pueblos

Como apunte previo, indicar que este derecho a la autodeterminación comprende múltiples aspectos, que no se agotan con un ejercicio puntual, como puede ser una declaración de independencia, sino que se sostienen en el tiempo. Por ello, indicar que en este análisis nos referiremos a su vertiente constitutiva, es decir, la que habilita a un pueblo o nación a constituirse como Estado.

Sobre la base de estos preceptos citados, han sido aprobadas una serie de declaraciones a favor del derecho a la autodeterminación, que desarrollan su contenido y lo delimitan. Hablamos de la Resolución 1514 (XV), la Resolución 1541 (XV), la Resolución 1803 (XVII) y la Resolución 2652 (XXV).

Sin detenernos en todas y cada una de las cuestiones que estas resoluciones abordan, indicaremos someramente que: en primer lugar, al derecho a la autodeterminación solo pueden acceder pueblos coloniales, sometidos por una nación extranjera o que no gocen de la suficiente autodeterminación dentro de su estado de origen. Y segundo, según el anexo de la Resolución 2652 anteriormente nombrada, considerando quinto:

Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta (…)”

La consecuencia lógica de todo lo que señalamos en el párrafo antecedente no es otra que afirmar con rotundidad que Cataluña no puede acceder a la autodeterminación para constituirse como estado según el Derecho Internacional vigente, ya que no casa en los supuestos de un pueblo colonizado ni sometido por una potencia extranjera.

Además, goza de la suficiente autodeterminación en el marco del Estado autonómico como para superar en competencias de gobierno a los propios länder alemanes o al Reino de Escocia integrado en Reino Unido. Todo ello, junto con la cláusula interpretativa del derecho a la autodeterminación apuntada, deja la realidad política de Cataluña fuera de la aplicabilidad de este derecho.

Posibles soluciones en el Derecho Constitucional Español

Llegamos a un punto interesante. Descartada la existencia del “derecho a decidir” así como la aplicación de las normas internacionales sobre autodeterminación de los pueblos a la cuestión catalana, pasamos a preguntarnos, dentro de nuestro propio ordenamiento constitucional, por un posible encaje o solución al respecto.

Se solicita por parte de los sectores independentistas (e incluso algunos partidos de ámbito nacional así lo sostienen) la necesidad de “pactar” un referéndum en clave independentista en Cataluña. El artículo 92 de la Constitución Española habla de la figura del referéndum de forma escueta, indicando la siguiente afirmación:

Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución (artículo 92.3)”.

Ello nos obliga a remitirnos a la Ley Orgánica 2/1980. Esta indica en su artículo 2.1 que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum… es competencia exclusiva del Estado. Seguidamente nos habla en su artículo 3.1 de que:

“El Real Decreto de convocatoria contendrá el texto íntegro del proyecto de disposición o, en su caso, de la decisión política objeto de la consulta; señalará claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el Cuerpo electoral convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse la votación, que deberá producirse entre los 30 y los 120 días posteriores a la fecha de publicación del propio Real Decreto”.

Al hablar de “cuerpo electoral”, y al definirse este como “conjunto de los ciudadanos que tienen derecho a voto”, podemos construir (a priori) que sean los ciudadanos de Cataluña quienes voten en este referéndum sobre la autodeterminación de la Comunidad Autónoma. Del mismo modo que son ellos los electores de las elecciones al gobierno autonómico. Podría entenderse que estamos ante una solución.

Nada más lejos de la realidad. Y ello porque, en primer lugar, el contenido de la consulta entra en conflicto con los artículos 1.2 y 2 de la Constitución Española, por lo que esta sería, automáticamente, inconstitucional.

Los ciudadanos de Cataluña no tienen habilitación ni para ejercer la soberanía nacional de forma preferente sobre el conjunto de los españoles; ni para alterar los contornos del país. Todo ello según las normas constitucionales vigentes.

Y segundo, y no menos importante. El referéndum del artículo 92 de la Constitución Española es consultivo. Por lo que el resultado de la consulta no es vinculante para ninguna de las instituciones implicadas.

Así, la solución planteada en estas líneas nos llevaría a un referéndum cuyo trasfondo es claramente inconstitucional y que no tiene fuerza vinculante ejecutiva alguna, por lo que debe de ser inmediatamente descartada, incluso considerarse una irresponsabilidad política su mera proposición.

Conclusión

La única salida en aplicación del derecho constitucional español es la reforma constitucional de los artículos 1.2 y 2, debiendo de recurrirse para ello al procedimiento cualificado del artículo 168 de la Constitución Española.

Si una mayoría de dos tercios de ambas cámaras, así como una mayoría idéntica de los representantes de la nación, una vez se hayan constituido las cortes nuevamente, junto con la ratificación de los ciudadanos en referéndum, lo consideran procedente, podríamos pasar a tener una Constitución que se apoye en un concepto como “la soberanía de los pueblos españoles” que posteriormente afirme que “España es divisible”.

La opinión del autor es que sería más sencillo que encontrásemos vida en Mercurio.

La salida al conflicto desde el punto de vista del derecho constitucional, es completamente inabordable. Corresponde a la política la búsqueda de la solución, con escrupuloso respeto a nuestro marco constitucional.

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