Menores víctimas de delitos sexuales que sufren durante el proceso penal, ¿cómo evitar la victimización secundaria?

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Estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores, calculan que en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. En nuestro país, se denuncian tan sólo un 15% de los abusos a menores. La mayoría de estos casos no llegan al sistema judicial porque las víctimas temen no ser creídas, se sienten avergonzadas y les preocupa ser juzgadas. Además, el hecho de tener que hacer frente a un proceso judicial largo y que las victimiza constantemente se convierte en otro elemento que las aleja del sistema. 

El sistema judicial no sólo tiene que asegurar el interés superior del menor, sino que además no debe olvidar la necesidad de que los procedimientos judiciales sean adecuados para ellos. Así, lo recogen la Ley 4/2015 de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito y la Ley Orgánica de protección jurídica del menor.

La violencia sexual contra la infancia y adolescencia es una forma de maltrato compleja y que requiere de un proceso de intervención articulado, coordinado, específico y continuo a fin de proteger a la víctima desde el inicio de la detección o revelación. Sin embargo, el sistema judicial español dispone de una serie de recursos y profesionales limitados para atender de manera adecuada estos casos,  terminando la víctima como la principal perjudicada. 

¿En qué consiste la victimización secundaria?

El paso de las víctimas especialmente vulnerables por el Sistema de Justicia puede conllevar daños adicionales a su estabilidad psicológica, lo que se conoce comúnmente por victimización secundaria.

El principal factor de riesgo para su aparición sería la sobreexposición de la víctima a numerosas entrevistas-evaluaciones que pueden producir, por un lado, la re-experimentación continuada de emociones negativas asociadas al trauma; y por otro, la sensación de cuestionamiento, especialmente si sus declaraciones son puestas en duda de forma constante por parte de la defensa del acusado.

De esta forma, se entorpece la evolución positiva en la víctima, que termina con alteraciones en su autoestima, y se favorece el desarrollo de futuros sentimientos de culpa.

¿Por qué es necesario obtener un testimonio válido?

Esta violencia sexual es difícil de detectar, ya que aparece habitualmente en la intimidad, sin testigos que puedan corroborar la versión de la víctima. Además, estas situaciones suelen estar sujetas a conflictos de lealtades con estrategias que el agresor utiliza para manipular y silenciar a la víctima (apareciendo en un ámbito familiar o conocido). Por tanto, la detección de esta situación con frecuencia viene motivada por la revelación (accidental o intencionada) de la situación de violencia sexual sin disponer, en la mayoría de ocasiones, de pruebas materiales o gráficas.

Por otra parte, la mayoría de la sintomatología o indicadores de detección de una sospecha de violencia sexual no son específicos, sino que se trata de síntomas compatibles con violencia sexual, pero también con otras posibles causas.

Junto a esto, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la experiencia de victimización, ni todas las experiencias comparten las mismas características.

El impacto emocional de una agresión sexual está modulado por cuatro variables: el perfil individual de la víctima (estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar); las características del acto abusivo (frecuencia, severidad, existencia de violencia o de amenazas, cronicidad, etc.); la relación existente con el abusador; y, por último, las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso.

En la mayoría de las ocasiones, estos datos se desconocen y las víctimas pueden ser juzgadas por no presentar una sintomatología “acorde” a lo que se espera de ellas tras haber sufrido el trauma.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el testimonio de los menores termina por ser la pieza clave en todo el proceso. Esto tiene como consecuencia que, en múltiples y reiteradas ocasiones, se pregunte a una persona menor de edad que relate su experiencia o vivencia de violencia sexual, a fin de dar cumplida cuenta a los requerimientos del proceso o a nuestras responsabilidades como profesionales intervinientes, sin tener en cuenta las necesidades de la víctima, sus limitaciones, sus momentos o tiempos de respuesta, o las interferencias que podemos estar causando en él o ella como persona (y en su relato).

¿Cuál es entonces el recurso idóneo para estos casos?

Prueba preconstituida

La prueba preconstituida es una posibilidad expresamente recogida en nuestra Ley de enjuiciamiento Criminal y consiste en la obtención del testimonio de víctimas y testigos de forma previa a la celebración del juicio oral, en presencia de la Comisión Judicial y las partes, y en previsión de que no pudieran efectivamente prestar su testimonio con posterioridad, cuando se señale y celebre dicho acto, pudiendo de esta forma ser reproducido entonces durante el juicio oral, el testimonio grabado.

Por lo tanto, en nuestro país, el recurso de la prueba preconstituida es una opción jurídica viable y tiene dos fines fundamentales: evitar las consecuencias de la victimización secundaria (salvaguardando el interés superior del menor) y proteger la prueba testifical (evitando que termine contaminada por la dilación en el tiempo y la posible intervención de terceros).

Así, la Psicología Jurídica busca ayudar al Derecho para la consecución de ambos objetivos.

La prueba preconstituida no es en sí misma una actividad pericial, se trata de una variación de la exploración judicial enfocada en la víctima.

Debe diferenciarse también de las diligencias policiales provenientes de una investigación criminal y que puede incluir la entrevista con la posible víctima.

En relación a esto, es recomendable que sean los psicólogos criminalistas los que realicen la prueba preconstituida si ya han evaluado a la víctima dentro de esta investigación. En caso contrario, lo normal es que la prueba preconstituida la  realice el psicólogo forense adscrito a ese juzgado.

Este recurso servirá para suavizar el proceso judicial por el que pasan los menores víctimas de abuso sexual. Se trata de buscar un lugar adaptado a las características de los niños y niñas, evitando situaciones tan imponentes como una sala del juzgado y todas la formalidades que conlleva.

Cámara Gesell

Podemos hablar también de la cámara Gesell, que es una sala acondicionada y amena para que el menor trate, en exclusiva, con el psicólogo forense. Mientras, en una habitación contigua separada por un espejo espía, se encontrarán el resto de actores del proceso (juez, fiscal, abogados y el acusado).

De esta forma, siguen el interrogatorio y participan de él con un pinganillo con el que indican al psicólogo las preguntas que desean realizar. Por otro lado, este profesional adapta las cuestiones para evitar tanto la doble victimización como la contaminación del relato del menor.

Las restricciones actuales en medios técnicos y humanos impiden que este recurso se utilice de manera habitual por los distintos profesionales, lo que conlleva una limitación del ejercicio efectivo del interés superior del menor. Por ello, tanto el Poder Judicial como el Consejo General de Psicólogos, demandan con urgencia a la Administración la consolidación de estos perfiles profesionales.

¿Tiene garantías procesales la prueba preconstituida?

Este tipo de violencia sexual ejercida sobre los menores de edad, se produce desde una asimetría de poder del agresor respecto a la víctima, basándose no sólo en la edad, sino también en las habilidades cognitivas, vivencias, expectativas, complexión física, etc.

Por lo tanto, partimos desde la premisa de que las situaciones de violencia sexual se producen desde una posición de total desigualdad para la víctima.

El artículo 14 de la Constitución Española recoge la igualdad de todos los españoles ante la ley como derecho fundamental. Del mismo modo, el 9.2 establece que los poderes públicos deben garantizar que esta igualdad sea sustancial y efectiva, instándolos a emplear instrumentos eficaces para equilibrar y hacer posible el cumplimiento pleno de este derecho.

Así, el Tribunal Constitucional (STC 216/1991) habla de

“el derecho desigual igualatorio”; «esto es, la desigual situación de partida de un determinado colectivo requiere la adopción de medidas que tiendan a reequilibrar dichas situaciones con el objetivo de igualarlas de modo real y efectivo. De lo contrario se produciría la “discriminación por indiferenciación”, es decir, la provocada por el hecho de tratar de modo igual situaciones disímiles (Ridaura Martínez, M.J. 2005 y Martínez García, E. 2007)».

En conclusión, la prueba preconstituida constituye un instrumento al servicio de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) para cumplir de manera efectiva con el principio de igualdad de las partes cuando la víctima es menor de edad, máxime cuando se trata de un caso de violencia sexual.

Buscando de este modo un equilibrio y proporcionalidad durante el proceso penal, en definitiva una igualdad fáctica, frente a la igualdad de derechos ante la ley o igualdad meramente formal (STC 75/1983; STC 34/81, de 10 de Noviembre).

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