¿Qué consecuencias legales tienen los delitos cometidos por menores de edad?

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La responsabilidad penal de los menores en España no es cuestión baladí pues, según cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2018 se ha condenado por sentencia firme a 13.664 menores. Esta realidad nos exige, a todos aquellos que nos dedicamos a la abogacía, conocer las peculiaridades inherentes a este sistema de responsabilidad con respecto a la contemplada para los mayores de edad. 

Debemos partir de un concepto básico que gira en torno a esta materia, el cual es la inimputabilidad.

Sujetos inimputables por razón de su edad

Cuando nos encontramos inmersos en un procedimiento penal, siguiendo la teoría jurídica del delito, se requiere que el sujeto investigado sea imputable a efectos de la legislación penal. Para ser imputable se requiere que concurran en el sujeto investigado una serie de elementos a la hora de la comisión de los hechos, entre los cuales se encuentra la edad del mismo. En este punto, debemos hacer una diferenciación en virtud de la cual iremos analizando las distintas posibilidades que pueden darse.

Personas menores de catorce años

Nos encontramos con el único supuesto de inimputabilidad propiamente dicho, pues los actos delictivos que cometa este colectivo de la población no podrán ser susceptibles de represión jurídico penal, sino que, por el contrario, se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores.

Personas mayores de catorce años y menores de dieciocho

Para comprender las peculiaridades de este colectivo, debemos partir de la regulación contemplada en el artículo 19 del Código Penal. Sobre la base de este artículo, estos individuos serán considerados imputables, pero no conforme al Código penal, sino que, en este caso nos encontramos con un colectivo que únicamente será imputable conforme a la Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en adelante LORPM

Existen diferentes teorías en relación a este punto. Para determinados autores, la LORPM no presenta naturaleza penal y, por tanto, no sería correcto calificar a las personas sujetas a su ámbito de aplicación con la cualidad de imputables. Sin embargo, esta línea se considera minoritaria, prevaleciendo la que sostiene la existencia de una imputabilidad de menor grado, en comparación con los mayores de edad, pero que no por ello cabe afirmar que son inimputables penalmente.

Consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos por menores

Para analizar las diferentes consecuencias que legalmente pueden imponerse a los menores de edad, por la comisión de ilícitos penales, debemos partir de la diferenciación anteriormente mencionada. En función de la edad del menor y de la naturaleza del delito cometido, se impondrán unas consecuencias u otras. 

Personas menores de catorce años

Si el hecho delictivo es cometido por un menor de edad que no alcanza los catorce años, como hemos explicado anteriormente, no será susceptible la aplicación de las consecuencias reflejadas en la normativa penal. 

En estos casos, debemos acudir a la previsión contemplada en el artículo 3 de la LORPM, que reza lo siguiente:

“Cuando el autor de los hechos sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”

En otras palabras, cuando realicen un hecho tipificado como infracción penal, éstos no responderán conforme al Código Penal, ni conforme a las previsiones contempladas en la LORPM, sino que, por el contrario, únicamente será procedente aplicar las normas sobre protección de menores en orden a establecer las medidas de protección que se estimen pertinentes, dejando de lado el carácter inminentemente punitivo del derecho penal, para aplicar medidas esencialmente protectoras y educativas. 

Personas mayores de catorce años y menores de dieciocho 

Para determinar el régimen aplicable a este colectivo debemos partir del artículo 1 de la LORPM, que contempla lo siguiente:

“Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.

(Se sobreentiende que únicamente responderán por la comisión de hechos tipificados como delito pues, como es bien sabido, las faltas dejaron de existir con la reforma operada en 2015.) 

La responsabilidad penal de los menores presenta, frente a la de los adultos, un carácter primordial de intervención educativa. En este período de tiempo, que podríamos aparejarlo a la etapa de la adolescencia, los menores no presentan las mismas facultades psicológicas en comparación con personas que han alcanzado la mayoría de edad, lo que fundamenta el hecho de que en España exista una normativa específica que, sin desprenderse de su carácter punitivo, tenga primordialmente como objetivo la reeducación de este sector de la ciudadanía. Ahora bien, en el supuesto de que el menor no superara los dieciséis años de edad, su régimen sancionador no se equiparará respecto del aplicable a los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, ya que variará la duración de las medidas susceptibles de ser impuestas.

Por tanto, deberemos aplicar las consecuencias legales que se contemplan en la LORPM, por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o las leyes penales especiales. Resulta poco productivo mencionar una a una las medidas susceptibles de ser impuestas, pues existe una lista tipificada en el artículo 7 de la LORPM, siendo el régimen cerrado la más grave y, la amonestación la más leve. 

¿Pueden los menores entrar en prisión?

Me gustaría finalizar esta publicación resolviendo la siguiente cuestión:

¿Podría un menor de edad ingresar en prisión si la medida impuesta excede temporalmente a su minoría de edad?

Para obtener una respuesta debemos acudir a la regulación contemplada en el artículo 14 de la LORPM.

Debemos partir de la premisa de que únicamente podrá ingresar en prisión aquél menor al que se le impuso una medida de internamiento en régimen cerrado.

En estos supuestos, si el menor alcanza la mayoría de edad sin haber cumplido la medida impuesta, el Juez de Menores, oído a las partes, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario. 

Ahora bien, si las medidas de internamiento en régimen cerrado son impuestas a quien haya cumplido veintiún años de edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el Juez de Menores, oídos a las partes, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario, salvo que, excepcionalmente, entienda que la medida pueda ser modificada o sustituida por otra de menor relevancia.

En conclusión, si el procedimiento judicial, por el cual se dirime la posible responsabilidad penal de un menor de edad, se prolonga excesivamente en el tiempo, podemos encontrarnos con la situación de que las consecuencias contempladas en la LORPM deriven en una pena privativa de libertad, cuyo cumplimiento deberá hacerse efectivo en un centro penitenciario.

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