Los manuales de instrucciones y la responsabilidad de los traductores en el ámbito internacional

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En el corazón de los estudios de traducción está el asunto de la calidad de la traducción. Hay muchos investigadores, como Reiss (1971), House (1977) y Lauscher (2000) por citar a unos cuantos, que han sugerido varios métodos para evaluar lo que hace que una traducción sea buena o si, de hecho, debe decirse que una traducción es buena, adecuada, apropiada, etc. No obstante, hay cierta tendencia a contemplar los errores de traducción meramente desde el punto de vista de los trabajos académicos y de la pedagogía de la traducción y como algo completamente separado de la práctica profesional. A pesar de la existencia de trabajos importantes sobre la traducción legal del tipo de Alcaraz and Hughes (2002), Morris (1995) y Šarčević (2000), se sabe poco sobre las obligaciones y responsabilidades de un traductor.

En Europa, las leyes más importantes que afectan a las traducciones técnicas son las diversas directivas promulgadas por la Unión Europea.  Estas directivas forman el derecho de la Unión Europea y también están integradas dentro de la legislación nacional de cada Estado miembro. La Unión Europea reconoce los posibles problemas que pueden generar los errores de traducción en la Resolución C411, en la que se expone que: 

…las indicaciones de uso de los bienes de consumo técnicos se perciben con frecuencia como deficientes tanto porque no son claras como porque presentan un lenguaje difícil como resultado de traducciones erróneas (Consejo de la Unión Europea 1998:1). 

Para solucionar cualquier problema de ausencia o de falta de adecuación en la documentación de cualquier producto técnico (incluidas las traducciones) la legislación europea especifica que un producto técnico solo estará completo si va acompañado de un manual de instrucciones. De este modo, los manuales de instrucciones pueden ser un factor al que hay que prestar atención al evaluar su un producto es defectuoso (ibíd.). Este requisito también se aplica a las empresas que se dedican a la venta de productos de segunda mano (TCeurope 2004:20). De hecho, las empresas deben obtener una declaración de conformidad CE para poder vender y distribuir sus productos dentro de la Unión Europea. 

La declaración CE no es válida si el producto no va acompañado de un manual de instrucciones completo y preciso; además, la responsabilidad en caso de que se generen problemas con el producto la responsabilidad recaerá sobre el fabricante o el distribuidor (TCeurope 2004:7). El resultado de esta normativa junto con la resolución C411 es que no solo es obligatorio proporcionar la documentación en el idioma del usuario, sino que en caso de que el manual traducido contenga errores que pongan en riesgo el uso o la seguridad del uso del producto, se considera que todo el producto es defectuoso y se retira del mercado, lo que a menudo genera unos gastos considerables al fabricante y al distribuidor. 

TCeurope proporciona un ejemplo revelador de la dimensión práctica de este problema en su directriz SecureDoc (TCeurope 2004:20). 

Dichas disposiciones relativas a la responsabilidad derivada de una documentación faltante o incompleta se han incorporado a la legislación de la mayoría de los Estados Miembros, cuando no en todos ellos. Uno de dichos ejemplos es la ley alemana de Responsabilidad sobre los Productos (Produkthaftungsgesetz), que también considera que la documentación es una parte integral del producto y concede a los usuarios el derecho a recibir una compensación por daños y perjuicios si el perjuicio o pérdida se debe a la documentación (Heino 1992:111). En 1996, un estudio realizado por ComputerBild, una revista alemana especializada en informática, demostró que la mayoría de los manuales de instrucciones de bienes de consumo electrónicos presentaban errores de una manera u otra y que los usuarios hubieran tenido derecho a dicha compensación (1999:16). 

Si bien una de las principales disposiciones de la Resolución de la Unión Europea mencionada anteriormente es que toda la documentación del producto tiene que estar traducida al idioma del país en el que se pretende vender, también especifica que dicha documentación tiene que estar redactada de forma clara, precisa y fácil de comprender. Para cumplir con los requisitos legales y proteger a los fabricantes y distribuidores frente a responsabilidades legales y reclamaciones por daños y perjuicios no basta con incluir una traducción

La documentación técnica del producto tiene que estar adaptada a las necesidades específicas de la audiencia a la que va dirigida y tiene que ayudar al funcionamiento correcto de las tareas necesarias para el uso debido y seguro del producto. Por supuesto, esta obligación también se aplica a las traducciones. En determinadas circunstancias esto puede conllevar efectuar cambios importantes en el texto traducido para atenerse a las expectativas del público al que va destinado, a sus costumbres y convenciones y debe reflejar el entorno físico y técnico en el que se va a utilizar el producto, por ejemplo, las diferencias de los sistemas de voltaje, las leyes de eliminación de residuos, las condiciones climáticas, etc. 

Varias directivas exigen que la documentación del producto, además de proporcionar instrucciones de uso, también advierta sobre posibles riesgos y contingencias y que de consejos claros de prevención.

Estos requisitos han tenido como consecuencia que la documentación (en su idioma original y sus traducciones) deba prevenir cualquier daño o perjuicio que pueda resultar de un uso razonablemente previsible o de un uso indebido del producto. Tal y como advierte la directriz Securedoc «los usuarios no solo dan el uso previsto a los productos» (TCeurope 2004:32). Por lo tanto, hay que efectuar todos los esfuerzos posibles para evitar que esto suceda. Cualquier fallo con respecto a estos requisitos no solo dejaría expuestos tanto a los fabricantes como a los distribuidores frente a cualquier reclamación por daños y perjuicios sino también frente a las sanciones que les puedan imponer la Unión Europea y los órganos de control nacionales, incluidas la retirada del producto y las restricciones relativas a la movilidad y la venta de los productos (TCeurope 2004:15).

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