El Caso Arandina: 114 años de cárcel por agresión sexual

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Publicado por Beatriz Carballo España.

En el mes de diciembre del pasado año conocimos la sentencia del Caso Arandina. La Audiencia Provincial de Burgos impuso a los tres ex jugadores de fútbol del equipo de la localidad de Aranda de Duero unas condenas por agresión sexual sin precedentes que suman un total de 114 años de prisión, siendo la pena impuesta a cada uno de ellos de 38 años.

¿Por qué una pena tan dura?

Sin perjuicio de que la sentencia no es firme y puede ser modificada por el superior criterio de los Tribunales superiores (TSJ y TS), analicemos las razones jurídicas que se hallan detrás de las penas impuestas:

• Los hechos son constitutivos de agresión sexual y no de abuso porque la Audiencia ha entendido que concurre lo que la doctrina denomina intimidación ambiental, al encontrarse la víctima en un domicilio ajeno, con la luz apagada y en presencia de tres varones de mayor edad y fuerza física, lo que impidió que la menor pudiera reaccionar por miedo a una respuesta violenta de los acusados.

• Cada uno de los acusados es autor de la agresión sexual cometida por sí mismo y cooperador necesario de la agresión cometida por los otros dos acusados, de modo que cada sujeto es culpable de la comisión de tres delitos.

El artículo 28 del Código Penal dispone:

“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
También serán considerados autores:
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

• La Audiencia aplica al caso concreto la doctrina de la cooperación necesaria en las agresiones sexuales múltiples. Según esta doctrina, deben ser condenados todos los miembros del grupo porque la presencia de otras personas es la circunstancia que genera la intimidación que anula la voluntad de la víctima para oponerse a la agresión.

Por lo tanto, no es necesaria una participación en el acto de agresión ajeno mediante el empleo de fuerza física, por ejemplo, inmovilizando o sujetando a la víctima para que no pueda oponerse al hecho de otro, sino que es suficiente con que ésta reciba una amenaza de naturaleza psíquica, que no tiene que ser invencible ni tampoco especialmente grave, solo suficiente y eficaz en el caso concreto para anular su voluntad de resistencia. Tampoco se requiere un acuerdo previo de actuación conjunta entre los sujetos, únicamente que sean conscientes de esa participación.

• Por las razones expuestas, el Tribunal aplica el artículo del Código Penal que castiga los actos de carácter sexual contra menor de 16 años mediante el empleo de intimidación o violencia (art. 183.2.3 CP). Este delito lleva aparejada una pena de 12 a 15 años de prisión, si bien el Tribunal impone la misma en su mitad superior porque concurre la circunstancia agravante de actuación conjunta de varias personas (art. 183.4 b CP), de modo que la pena por la agresión sexual realizada de forma material por cada sujeto es de 14 años de prisión.

• A dicha pena se suman las otras dos impuestas por las agresiones cometidas por los demás, que son de 12 años cada una. En este caso, el Tribunal no aplica la agravante de actuación conjunta porque vulneraría el principio non bis in ídem. Dicho principio prohíbe castigar dos veces a un sujeto por un mismo hecho, y la circunstancia basada en la actuación conjunta de varias personas se halla en el propio título de cooperación necesaria.

• El máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años, conforme a lo dispuesto en el Código Penal (art. 76 CP).

¿Puede el Tribunal fijar las penas a su arbitrio sin más límites que lo dispuesto en el Código Penal?

Es cierto que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que la libertad del Juez no es absoluta y que la individualización de la pena debe someterse a unas pautas de racionalidad y proporcionalidad, de modo que el órgano superior puede revisar si respeta los principios y fines del Derecho penal y está jurídicamente vinculada, más si se trata de delitos que tienen un marco muy amplio de pena y exigen reforzar la prudencia para evitar un ejercicio abusivo del arbitrio judicial.

Sin embargo, lo anterior se traduce en la práctica en que la libertad que tiene el juez en la fijación de la pena solo está condicionada por la exigencia de motivación.

¿En qué se traduce esa exigencia de motivación?

En que el juez debe razonar adecuadamente en la sentencia cada una de las penas que ha impuesto al justiciable, para que ese razonamiento pueda ser revisado por el tribunal superior y se descarte toda arbitrariedad. Pero no se le exige que razone por qué el justiciable es merecedor de la pena global en su conjunto, ni siquiera en los supuestos en que al realizar la suma de todas ellas se llega a resultados absolutamente desproporcionados, por lo que esa materia está exenta de control judicial.

Entonces, ¿no hay ningún remedio al exceso punitivo en la vía judicial?

No existe ningún mecanismo en la vía judicial para solucionar estos casos tan evidentes de exceso sancionador en los que la condena del sujeto va más allá de lo lógico y lo ecuánime y rebasa los límites de lo justo y razonable.

Si el justiciable recurre la sentencia por considerar que la pena que le ha sido impuesta es injusta o desproporcionada, el órgano superior rechazará su pretensión con una sencilla explicación: la pena está motivada, no es arbitraria y respeta la ley.

Y es que, en realidad, el juez se ha movido dentro de la legalidad. Ha cumplido su función, que es interpretar y aplicar las leyes. Los tribunales de justicia no pueden actuar de legislador y decidir perdonar al acusado diez, siete o catorce años de prisión porque entiendan que en el caso concreto la suma de las penas genera una condena desmesurada, porque estarían incumpliendo la ley.

¿Cómo puede evitarse una pena desproporcionada?

Mi propuesta es que debería preverse en el Código Penal la posibilidad de que, en supuestos excepcionales como el de Arandina, se apreciasen y valorasen por el tribunal las circunstancias que, en su caso, justificasen una rebaja de pena e impidieran que la total impuesta se convirtiera en una de brutal magnitud.

Con lo anterior no quiero significar que los hechos aquí analizados no sean graves, claro que lo son, lo que quiero expresar es que el principio de proporcionalidad de las penas debe lograr una adecuación o correspondencia de cada una de las conductas ilícitas con la suma de todas, y de cada una de ellas entre sí, de tal forma que la pena finalmente impuesta no sea contraria a la gravedad o intensidad del mal causado y al fin perseguido por el castigo penal.

Por eso debe articularse un medio para proporcionar las penas cuando, al aplicar pura aritmética, se llega a resultados totalmente desproporcionados.

En el caso Arandina, ¿qué circunstancias podrían valorarse?

Podría valorarse que aunque las conductas constituyen tres delitos individualmente castigados (por las razones arriba señaladas), configuran el mismo tipo penal, atentan contra el mismo bien jurídico, se concentran todas ellas en un mismo y único momento en el tiempo y se dirigen únicamente frente a una sola víctima, sin que se hayan dirigido contra varias personas causando un mal múltiple y heterogéneo.

Esos elementos podrían permitir una rebaja de la pena concreta de cada acción, porque aunque el desvalor de una sola de las conductas y la gravedad de su resultado no puede ser el mismo que presenta la suma de todas ellas, el aumento proporcional del daño causado a la víctima por la concurrencia de varias acciones no es tan exageradamente desmedido como sí lo es el resultado de la suma de las penas que comporta cada acción, que ha llevado a una condena de 38 años de cárcel para cada acusado.

Tipología de supuestos que darían lugar a unas penas de prisión tan gravosas (incluso menores) como las de Arandina

El exceso punitivo en el caso de Arandina es fácilmente percibido si acudimos a otros supuestos de nuestra jurisprudencia que han derivado en condenas de semejante o incluso inferior gravedad. Por citar algunos ejemplos:

• Una pena de veintidós años de prisión se aplicó al sujeto que abusó sexualmente de una niña de cinco años y le causó lesiones que la dejaron inconsciente, arrojándola después a una marisma en la que murió por asfixia (STS 1190/2010, de 10 de noviembre).

• Una pena de veintiún años de prisión se aplicó al sujeto que, en presencia de sus hijos, asesinó a su esposa mientras dormía golpeándole con un martillo en varias ocasiones y después clavándole una navaja, también en repetidas ocasiones, para finalmente degollarla cortándole el cuello, momento en el que falleció (STS 1554/2003, de 19 de noviembre).

• A la pena de veinte años de prisión fue condenado un sujeto que cometía actos extremadamente violentos contra su bebé de seis meses, rompiéndole los huesos y creándole moratones por todo el cuerpo, hasta que un día lo zarandeó de forma brutal y lo mató (STS 1804/2002, 31 de octubre).

• Una pena de veintiséis años de prisión se impuso al autor responsable de un delito de asesinato terrorista (STS 1215/2006, de 4 de diciembre).

Tales sucesos son de lo más cruel e inhumano que castiga nuestro Código Penal, y además comportan la tortura de las víctimas previa a su fallecimiento, que sufrieron serios padecimientos antes de la muerte. Sin duda, todos los hechos reseñados generan una reprochabilidad penal y social muchísimo más pronunciada que la que presentan los aquí analizados, pues no solo atentan contra la libertad, sino que quebrantan el bien jurídico más protegido de todos, la vida humana.

Aun así, las condenas impuestas en esos supuestos fueron incluso más reducidas que la que aquí hemos visto.

El sistema debe cambiar

El caso analizado es un ejemplo claro en el que la aplicación de la Ley y la justicia material se encuentran extremadamente alejados, pues tanto desde el punto de vista jurídico, como social y humano, es difícil asumir el ingreso en prisión de tan larga duración como consecuencia de un comportamiento que, aunque grave, no puede compararse con los delitos que se condenan con penas de prisión incluso menos gravosas, como son el asesinato o el terrorismo.

Algún mecanismo debe ofrecerse para que los principios de proporcionalidad, equidad y justicia no sean transgredidos.

Indulto parcial

A día de hoy, la única vía que el justiciable tiene a su alcance para conseguir la reducción de la pena es la petición de indulto parcial ante el Ministerio de Justicia.

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