Tasa Google: qué es, a quién afecta y cómo funciona

Publicado por Eloy Ballester Meseguer.

Una empresa irlandesa factura unos ingresos por servicios de marketing que realiza su filial española, a cambio de pagarle una comisión. Esta filial, como no podía ser de otra manera, declara soportar todos los costes que conlleva la prestación de dichos servicios, de forma que su beneficio declarado es mucho menor que el obtenido (en ocasiones, incluso, incurriendo en pérdidas), pagando por el Impuesto sobre Sociedades cantidades inferiores a las que le corresponden (en ocasiones, incluso, no pagando nada. ¡Cómo vamos a cobrarle impuestos a una empresa que no hace más que perder dinero!)

Curiosa ―y fácil― forma de evitar pagar impuestos en un país, ¿verdad? Pues es lo que ha venido haciendo Google los últimos años. Y no es porque esto fuera un secreto (de hecho, otras multinacionales tecnológicas como Yahoo, Amazon o Facebook utilizan entramados igual o más sofisticados que Google para no pagar los impuestos que deberían pagar en España), sino porque la Agencia Tributaria no podía hacer nada.

Hasta la fecha, las normas fiscales internacionales han venido estableciendo como criterio para gravar los beneficios de las empresas la presencia física. En este sentido, el artículo 7 de la Ley 24/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades dice que las empresas serán contribuyentes de este tributo cuando tengan su residencia en territorio español. Sin embargo, la economía mundial está adquiriendo un carácter cada vez más digital y, como consecuencia, han ido apareciendo nuevas formas de hacer negocios, basadas principalmente en los activos intangibles, los datos y el conocimiento, de tal forma que la presencia física es cada vez menos necesaria para hacer negocios.

Esta desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas declaran haber obtenido los beneficios hace que las actuales normas relativas al Impuesto sobre Sociedades ―no solo en España, sino a nivel internacional― ya no sirvan para gravarlos, cuando dichos beneficios proceden del valor creado por los datos y los usuarios de la red. 

Dada la dimensión internacional de este problema, la mejor estrategia para abordarlo consiste en encontrar una solución a nivel mundial, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, esta solución a nivel mundial requiere un consenso por parte de todos los países, lo cual se traduce en mucho tiempo. Es por esto que algunos países ―en España somos pioneros― han empezado a adoptar medidas unilaterales para afrontar la situación, al menos de forma temporal, hasta lograr la mencionada solución a nivel mundial.

¿Qué es la tasa Google?

En nuestro caso, el 25 de enero de 2019 se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, coloquialmente conocido como «tasa Google», que tiene por objeto aquellos servicios digitales prestados en territorio español que no podrían existir si no fuera por la implicación que tienen los usuarios. Siguiendo con el ejemplo de Google, el papel que cumplimos sus usuarios no solo es diferente al que cumplen los clientes de otras empresas que no operan en Internet (por ejemplo, los de un supermercado), sino que además es fundamental para que Google exista en su forma actual, por lo que sus servicios estarían sujetos a este impuesto.

Este impuesto, aunque todavía no existe en el ordenamiento jurídico español, se prevé que entre en vigor con el nuevo Gobierno, y es por ello que no deja de ser interesante su análisis pormenorizado.

¿A quién afecta?

Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, establecidas en España, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier otro Estado o jurisdicción no perteneciente a la Unión Europea, que lleven a cabo la prestación de alguno de los siguientes servicios digitales:

  • Servicios de publicidad en línea. Se trataría de la inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz, como hacen, por ejemplo, Google Ads o Facebook Ads.
  • Servicios de intermediación en línea. No son otros que los servicios a través de los cuales se permite, por medio de interfaces digitales multifacéticas, que los usuarios puedan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso permitir entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios. Es decir, serían aquellos servicios que facilitan el inicio de transacciones directas entre empresas y consumidores, sin importar si se completan en la web del intermediario, en la del proveedor u offline.

    Por tanto, quedan excluidas de la tasa Google las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea, así como las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de estos bienes o servicios (las actividades minoristas de comercio electrónico) en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario, sino que para el minorista la creación de valor reside en los bienes y servicios suministrados, y la interfaz digital la utiliza solo como medio de comunicación.
  • Servicios de transmisión de datos. La transmisión ―incluidas la venta o cesión― de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

Además de prestar alguno de estos servicios digitales, los contribuyentes tendrán que superar, el primer día del periodo de liquidación, dos umbrales:

  1. Un importe neto de cifra de negocios en el año natural anterior superior a los 750 millones de euros. Con este umbral se trata de excluir del impuesto a las pequeñas y medianas empresas, quedando limitada a las empresas de gran envergadura, que son aquellas capaces de prestar esos servicios digitales basados en los datos y la contribución de los usuarios, y que se apoyan en gran medida en la existencia de amplias redes de usuarios, en un gran tráfico de datos y en la explotación de una sólida posición en el mercado.
  2. Un importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto correspondientes al año natural anterior superior a los 3 millones de euros. Este umbral permite limitar la aplicación del impuesto a los casos en que exista una huella digital significativa en el ámbito territorial de aplicación del impuesto en relación con los tipos de servicios digitales gravados.

¿Cómo funciona?

Una vez delimitados, en términos generales, qué servicios y a qué empresas puede gravar este impuesto, hay que entender cuál es su funcionamiento.

  • En primer lugar, la base imponible es el importe de los ingresos (no los beneficios, para evitar técnicas sofisticadas de traslado de beneficios), excluidos el IVA y demás impuestos equivalentes, obtenidos por la empresa por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, realizadas en el territorio español.
  • Sobre esta base imponible, se aplicará el tipo impositivo del 3 por ciento.
  • El devengo se producirá cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
  • El periodo de liquidación será trimestral.

Ahora bien, pagar trimestralmente el 3 por ciento de los ingresos obtenidos por los servicios digitales no es la única obligación que la tasa Google impone a las empresas contribuyentes, sino que también se establece una serie obligaciones formales ―que, aunque no tienen un coste monetario directo para con las arcas públicas, tienen un coste de gestión― similares a las establecidas con carácter general en el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la particularidad de que se obliga a las contribuyentes a inscribirse en el registro de entidades creado a efectos del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, a traducir al castellano o a cualquier otra lengua cooficial las facturas, contratos o documentos acreditativos cuando así lo requiera la Agencia Tributaria y a establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio español. 

En definitiva, con la tasa Google lo que se pretende es fiscalizar los ingresos que obtienen las grandes empresas en el mercado digital español. Unos ingresos que, de acuerdo con la vigente legislación fiscal, se escaparían de la tributación en nuestro país. Y, aunque lo idóneo es un consenso a nivel mundial sobre el tratamiento fiscal de este tipo de ingresos, durante el tiempo que se consigue dicho acuerdo, el régimen que se prevé que esté en vigor en España es el del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

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