La autotutela y sus límites

Publicado por Cristina Bodegas Huelga.

¿Alguna vez habéis pensado en qué persona de vuestro entorno os gustaría que tomase decisiones importantes por vosotros si en un momento concreto no pudierais hacerlo? ¿Quién sería la persona adecuada para velar por vuestros intereses y administrar vuestros bienes?

La Autotutela es precisamente la figura jurídica a través de la cual una persona con capacidad de obrar puede designar a un tutor para sí mismo, para el supuesto de que sea declarado incapaz en el futuro. Este derecho fue introducido en nuestro sistema con la Ley 41/2003, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, y tiene su fundamento en la facultad de toda persona mayor de edad de “autorregulación”.

Así, el artículo 223 del Código Civil recoge expresamente que:

“cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor”

Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que para que la designación tenga validez y plena eficacia es necesario que se lleve a cabo ante Notario, en documento público, y que se comunique al Registro Civil donde esté inscrito el nacimiento de quien realiza la autotutela, con la finalidad de que se proceda a realizar un asiento registral al margen de su nacimiento. Esta disposición solamente surtirá efectos cuando tenga lugar la sentencia de incapacidad del otorgante, y el Juez deba nombrar un tutor. 

Además, la persona que realiza la designación puede nombrar a una sola persona o bien realizar una enumeración, de forma que si llegado el momento el designado en primer lugar renunciase a ejercer el cargo, o hubiera fallecido con anterioridad, pueda ser sustituido por el siguiente. De igual modo, es posible incluir en el contenido de la Autotutela una designación negativa, es decir, recoger expresamente la identidad de aquellas personas que no se desea que sean posibles tutores en el futuro. 

En cualquier caso, las personas designadas solo podrán ser nombrados tutores llegado el momento, si se encuentran en plenas facultades y no concurre ninguna de las causas de exclusión expresa que recoge el Código Civil en sus artículos 243 y 244.

¿La designación realizada por el interesado vincula al Juez que conozca del procedimiento de incapacidad?

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre esta cuestión, y así en su Sentencia, de fecha 16 de Mayo de 2017, estableció que:

“Según el art. 234.1 C.C para el nombramiento de tutor se prefiere en primer lugar al designado por el propio interesado conforme al párrafo segundo del art. 223 C.C. Por tanto, la voluntad expresada en escritura pública dirigida a designar a una persona para que, en caso de futura modificación judicial de la capacidad, se le encomiende la función de prestar los apoyos que procedan debe ser respetada por el juez, que solo motivadamente puede apartarse de las preferencias expresadas por el interesado cuando su propio beneficio así lo exija”,

Posteriormente, el Tribunal Supremo fijó los límites a la autonomía de la voluntad del otorgante en su Sentencia, de fecha 18 de Julio de 2.018, en la que estableció que:

“el Juez no está vinculado por ella cuando no sea conveniente para la persona con capacidad restringida, teniendo en cuenta la protección del interés de la persona sometida a este tipo de protección, que está por encima de la autonomía de la voluntad”, añadiendo que “la alteración del orden establecido en el artículo 234.1 del Código Civil debe efectuarse en resolución motivada. Como expresa la sentencia 341/2014, de 1 de Julio, las razones por las que el tribunal puede apartarse del orden legal son muy variadas. En ocasiones, porque el primer llamado no está en condiciones de hacerse cargo de la tutela, esto es, carece de la idoneidad exigida, o bien porque no quiera, pues aunque constituye un deber legal, puede resultar contraproducente el nombramiento de quien no está dispuesto a asumir la tutela. Pero también es posible que la conflictividad familiar, unida a la situación de la persona tutelada, pueda desaconsejar el nombramiento de uno de los parientes llamados legalmente”.

En este sentido, el Alto Tribunal señala expresamente que el interés superior del incapaz es el rector de la actuación de los poderes públicos, y está enunciado expresamente en el artículo 12.4 de la Convención de Nueva York sobre el derecho de las personas con discapacidad, y añade que:

“este interés no es más que la suma de distintos factores que tienen en común el esfuerzo por mantener al discapaz en su entorno social, económico y familiar en el que se desenvuelve y como corolario lógico su protección como persona especialmente vulnerable en el ejercicio de los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad, a partir de un modelo adecuado de supervisión para lo que es determinante un doble compromiso, social e individual por parte de quien asume su cuidado”.

Por lo tanto, se tendrá en cuenta en primer lugar la designación realizada por la persona incapacitada en escritura pública, sin embargo el Juez a la vista del caso concreto, y de la situación y circunstancias que rodean en ese momento al incapaz, podrá apartarse de esa elección y nombrar tutor a una persona distinta, siempre y cuando sea lo más beneficioso para el interés de la persona declarada incapaz, por lo que tendrá que dictar una resolución debidamente motivada que justifique su decisión. 

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