Concepto de autoridad judicial emisora de una OEDE: Asunto C625/19 PPU, TJUE

Publicado por Javier Vega Vacchiano, fundador del blog Lex et Societas.

Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) son objeto de regulación en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, regulación igualmente plasmada en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma de Derecho derivado de la Unión Europea, como establece su considerando 10º, descansa en los principios de confianza y reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales dictadas en los Estados Miembros en un espacio común de libertad, seguridad y justicia.

El considerando octavo y el artículo sexto de la Decisión establecen que será objeto de tramitación entre autoridades judiciales, restringiendo los poderes de los Ejecutivos de los Estados Miembros al circunscribir su labor a un mero apoyo administrativo y práctico. Esta cuestión que parece lógica en una organización que propugna como elemento esencial del acervo comunitario la separación de poderes.

Ahora, ¿qué debe entenderse por autoridad judicial de emisión? Los dos primeros apartados del artículo sexto remiten a las disposiciones de Derecho interno de cada uno de los Estados UE. En nuestro ordenamiento interno, el artículo 35 de la precitada Ley 23/2014 determina lo siguiente:

1. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detención y entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes.

2. La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detención será el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiera a un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores.

Así, desde un punto de vista activo cursarán las OEDE cualquier Juez o Magistrado Instructor (de un órgano unipersonal o de un órgano colegiado) que esté conociendo del procedimiento penal correspondiente, y desde un punto de vista pasivo dan curso a aquéllas los titulares de los seis Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Los órganos jurisdiccionales que emitan las órdenes han de aseverar/garantizar a las autoridades judiciales del Estado receptor que el justiciable cuya entrega se reclama gozará de las garantías procesales y de los derechos fundamentales referidos en el artículo 1.3 de la DM 2002/584, como pone de manifiesto una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C‑508/18, C‑82/19 PPU y C‑627/19).

El 29 de mayo de 2019 tuvo lugar un hito jurídico sobre la determinación de los conceptos planteados en el título de este artículo: la remisión de una cuestión prejudicial al TJUE por el Rechtbank de Ámsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), en la que se planteaba lo siguiente:

¿Puede ser considerado autoridad judicial emisora en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 un fiscal que participa en la administración de justicia en el Estado miembro emisor, que actúa de forma independiente en el ejercicio de sus tareas inherentemente vinculadas a la emisión de una orden de detención europea y que ha emitido una orden de detención europea, si un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor ha examinado los requisitos de la emisión de una orden de detención europea y, en particular, la proporcionalidad de
esta, con anterioridad a la decisión efectiva del Fiscal de dictar la orden de detención europea?”

Ya que la DM 2002/584 remite al Derecho interno de cada Estado UE la determinación de los conceptos de autoridad judicial emisora de las OEDE, se hace preciso garantizar una uniformidad interpretativa respecto de tales términos con el objeto de lograr una eficacia plena de un instrumento jurídico tan esencial para combatir la criminalidad transfronteriza, evitando dilaciones innecesarias en su tramitación.

El artículo 19 del Tratado de la Unión Europea establece que una de las competencias que asume el TJUE es la de garantizar y preservar una interpretación uniforme del Derecho de la Unión. En cumplimiento de tal función el TJUE, resolviendo la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal holandés, delimita el concepto de autoridad judicial de emisión en su sentencia de 12 de diciembre de 2019, asunto C-625/19 PPU, destacando los siguientes fundamentos:

  • Considerando 31: “[…] la sentencia de 27 de mayo de 2019, PF (Fiscal General de Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), en la que el Tribunal de Justicia, por una parte, declaró que el Fiscal General de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y cuyo estatuto, en ese Estado miembro, le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea, debe ser calificado de autoridad judicial emisora en el sentido de la Decisión Marco 2002/584.”
  • Considerando 40: “En particular, el segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada implica que la autoridad judicial emisora controle el cumplimiento de los requisitos necesarios para dicha emisión y examine de manera objetiva, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo y sin estar expuesta al riesgo de recibir órdenes o instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, si dicha emisión tiene carácter proporcionado [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau), C‑508/18 y C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, apartados 71 y 73].”
  • Considerando 57: “La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe gozar una persona respecto de la cual se ha emitido una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales se respetan cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro emisor, los requisitos de emisión de dicha orden y, en particular, su proporcionalidad, están sujetos a control jurisdiccional en ese Estado miembro.”

En suma:

  • Se reputará como autoridad judicial aquella que pueda verificar el cumplimiento de los requisitos para la emisión de una OEDE sin injerencias de otros poderes existentes en el Estado Miembro.
  • En consecuencia, esta autoridad judicial ha de contar con independencia plena en el ejercicio de la función jurisdiccional en los procedimientos penales.
  • Puede considerarse como autoridad judicial a un miembro del Ministerio Fiscal, siempre que goce la antedicha independencia e imparcialidad.
  • En buena parte de los países UE, no existe la figura del Juez Instructor, sino que sus funciones son ejercitadas por las Fiscalías europeas.

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