¿Qué le pongo, juez de derechas o de izquierdas?

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Publicado por Carlos Delgado (@delgadolaw_ en Twitter).

Recientemente aparecía en los periódicos que el Tribunal Constitucional ha declarado que ningún juez puede ser recusado por su mera y supuesta ideología política, ya que ello constituiría una discriminación por tal motivo. Algo que no debería ser noticia, al menos a mí me parece lógico y obvio. Pero por desgracia, la noticia está bien escogida, ya que gran parte de la sociedad, incluso operadores jurídicos, creen que los jueces resuelven en un sentido u otro según su ideario político. O si se quiere, que sus resoluciones vienen condicionadas por sus ideas. También resulta curioso que esto solo se suela decir cuando se resuelve en el sentido contrario al que gustaría, pero eso es otra cuestión en la que ahora no voy a entrar. 

Lo cierto es que afirmar que los jueces dictan sus sentencias en función de sus ideas políticas refleja dos cosas: la primera; un desconocimiento sobre la difícil labor de juzgar, lo que tampoco es de extrañar, porque lo afirman quienes no son jueces, y la segunda; una falta de respeto a la función jurisdiccional y a quienes la ejercen. El trabajo de un juez consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado y en hacerlo sometido exclusivamente a la ley y al Derecho, por lo que afirmar que desempeñan su labor en función de sus ideas políticas, es decir que hacen mal su trabajo y cuestionar su profesionalidad de una forma prejuiciosa. Es como si se dijera, por ejemplo, que los abogados defienden los intereses de sus clientes en función de si el asunto o el cliente coinciden más o menos con sus ideas políticas. Sería un insulto a la abogacía, una labor igual o incluso más loable que la judicatura en cuanto es impensable el Estado de Derecho sin su existencia.

El argumento que suele utilizarse para sostener que las ideas políticas del juez condicionan sus sentencias es el siguiente: como el juez interpreta la ley que aplica, esta interpretación viene condicionada por su ideología política, y en consecuencia, su sentencia.

Podría ser bueno, pero lo cierto es que es un argumento bastante simplista y absurdo, ya que la interpretación de la norma no es arbitraria, ni la interpretación del juzgador puede desfigurar la norma jurídica incurriendo en una interpretación contra legem, pues ello supondría una usurpación de atribuciones propias del Poder Legislativo. La interpretación de la ley es una tarea intelectual, lógica y, en su medida, reglada.

En este sentido, el art. 3 del Código Civil dispone que:

las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Además, este precepto dispone que la equidad deberá ponderarse en la aplicación de las normas, y solo cuando la ley lo permita, el juzgador podrá resolver basándose únicamente en razones de equidad. 

Por otra parte, también existen principios que actúan como parámetros de interpretación indicando la dirección que debe tomar la interpretación de la norma cuando esta admita más de una, entre ellos: el principio del interés superior del menor, la interpretación más favorable al ejercicio del derecho fundamental, el principio odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda (lo que perjudique debe interpretarse de forma restrictiva y lo que favorezca de forma extensiva), o la perspectiva de género en la aplicación e interpretación de las normas. En definitiva, la interpretación de la norma no es una tarea arbitraria que pueda depender del libre capricho de los jueces, sin perjuicio de que cada uno de ellos son también independientes en la interpretación del ordenamiento.

No obstante, también puede suceder que el juez se encuentre con cuestiones que no estén reguladas por el ordenamiento. Conforme al Derecho Romano, cuando esto ocurría regía el aforismo non liquet, en virtud del cual el asunto podía quedar sin resolverse por falta de la norma aplicable. En cambio, actualmente se dispone la prohibición de non liquet por los arts. 1.7 del Código Civil y 11.3 Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que significa que los jueces están obligados a resolver siempre los asuntos que se le sometan, aunque no exista norma aplicable al caso, acudiendo al sistema de fuentes del Derecho. Y en estos casos es lícito pensar que el juez tiene un mayor margen de discrecionalidad para decidir, y puede que sea cierto, pero es completamente legítimo en cuanto así lo ha decidido la ley que nos rige. 

Igualmente, existen cuestiones en relación con las cuales la ley permite que ciertos aspectos de la misma sean decididos por el juzgador a su prudente arbitrio, lo que sigue siendo igual de legítimo. Y es que parece que nos hemos olvidado de cuál es la función genuina del juez: un tercero imparcial que impone una solución a un conflicto de intereses jurídicos, y para ello debe, irremediablemente, poder decidir con cierto margen determinados aspectos, ya que es materialmente imposible que la ley pueda prever la multiplicidad de situaciones diferentes que pueden concurrir en la realidad social y prever todas y cada una de sus consecuencias. 

Tampoco voy a negar que las convicciones o la percepción del juzgador sobre determinadas materias pueden condicionar, en cierta medida y cuando la ley lo permita, sus conclusiones, pero esto es una consecuencia irremediable e intrínseca de la propia naturaleza de su función. Ante un conflicto de intereses jurídicos alguien debe establecer una solución y poner fin a la controversia, y nuestra Constitución ha querido que ese alguien sea el juez ordinario predeterminado por la ley, pero naturalmente, los jueces son seres humanos cada uno con su propia y diferente visión del mundo, la cual podrá influir en la percepción de los elementos sometidos a su juicio, lo que también es totalmente legítimo siempre que su resolución no fuera, por tal motivo, arbitraria.

Pero lo que he dicho anteriormente es muy diferente a decir que los jueces juzgan según su ideología política. Un juez, como jurista, sería capaz de fundamentar jurídicamente sus ideas políticas, pero cuando actúa como juez se encuentra limitado por unas reglas y principios que rigen su función.

De esta manera, por ejemplo, un juez podría considerar que los desahucios de personas necesitadas de protección vulneran los derechos humanos, pero los ordenará cuando la norma que le vincule no le deje otra opción, aunque por la tarde tenga prevista una magnífica conferencia sobre la vulneración de los derechos humanos derivada de estos desahucios.

O puede que un juez no esté de acuerdo con el tratamiento jurídico dado a la violencia de género, pero no tendrá otra opción que aplicar, cuando proceda, dicha normativa con la que no está de acuerdo. 

Pero pese a todo, supongo que será más fácil decir que los jueces juzgan según sean “rojos” o “fachas”. Es más fácil tachar al Tribunal Supremo de ser un órgano franquista cuando suspendió cautelarmente la exhumación del dictador por concurrir los requisitos para ello, y días después aplaudirle cuando avaló la exhumación por ser acorde a la legalidad. Supongo también que será más fácil pensar que Iñaki Urdangarin fue condenado porque el tribunal era republicano, o que la infanta Cristina finalmente no resultó condenada a prisión por ser hija de quien sabemos, a pesar de que eso no impidió su procesamiento. O que Xabi Alonso fue absuelto porque el tribunal era del Real Madrid. O que los jueces del tribunal de la Audiencia de Navarra no apreciaron la intimidación ambiental en el caso de “la manada” porque son machistas, y no porque se trata de un concepto meramente jurisprudencial que amplía el concepto de intimidación y que el tribunal no quiso acoger.

Otra de las cosas que se dicen en relación con este tema es aquello de que la mayoría de los jueces son de derechas (como si de ser cierto, fuera negativo o afectase negativamente al ejercicio de la función jurisdiccional), o que son franquistas, ya que no han pasado por la transición democrática. Me tengo que reír. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que, de ser cierto que la ideología política marca la sentencia, que no lo es, tanto los progresistas como los conversadores creen que solo la propia es la legítima, y solo cuando perciban que la suya no se encuentra representada en la sentencia del juzgador, este será un mal juez y atribuirán su fallo a sus convicciones políticas y no a su criterio jurídico y profesional. 

Apunten bien, porque si la función del juez consiste en aplicar un resultado partiendo de las normas que emanan del Parlamento y que son aprobadas por los parlamentarios, no es en el juez, sino en las urnas donde deben buscar la satisfacción de sus propias convicciones políticas. 

Si algo tengo claro de todo esto es que cualquier intento de purgar a los jueces por su ideología política, lo lleve a cabo la izquierda o la derecha, será igualmente ilegítimo, despreciable, indignante, totalitario y absurdo, y será entonces cuando se podrá afirmar verdaderamente que la Justicia es partidista.

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