¿Pueden ponerme una multa de tráfico en el aparcamiento de un centro comercial?

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Se trata de una pregunta que actualmente suscita dudas entre los propios cuerpos policiales, ya que dependiendo del municipio que se trate, se actúa en un sentido o en otro, e incluso dentro de los mismos cuerpos policiales existen diferencias de actuación entre unos y otros agentes, salvo que las jefaturas de los cuerpos protocolicen dichas actuaciones, lo cual es poco común, ya que no existe base legal para tomar una decisión.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Vial al respecto?

Muchos cuerpos policiales optan por denunciar las infracciones en los centros comerciales basándose en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial, que establece que:

“los preceptos de la ley de Seguridad Vial son aplicables en todo el territorio nacional… y obliga a los titulares y usuarios de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”. 

En virtud de ese artículo pretenden salvar el escollo de la titularidad de la vía, ya que efectivamente es una vía de uso privado pero utilizada por una colectividad indeterminada de usuarios. 

Según el artículo, se deduce que los usuarios de esos aparcamientos deben circular atendiendo a las normas de la ley de seguridad vial, de forma que en ese terreno privado sería aplicable la normativa de tráfico. Esto parece claro, lo que realmente presenta dudas es si puede sancionarse el incumplimiento de dichas normas.

No parece discutible que los usuarios (conductores) de los aparcamientos de centros comerciales deban respetar la señalización que existe en los mismos, así como que los agentes de la autoridad encargados de la seguridad del tráfico velen porque dichas normas se cumplan. También está asumido que en el caso de accidente se determinará la culpabilidad del mismo en función del cumplimiento o no de la normativa de tráfico

Ahora bien, el hecho de que los funcionarios policiales velen porque se cumpla la normativa de tráfico se debe limitar únicamente a la regulación y ordenación del mismo, ya que el artículo 7 de la misma ley otorga la competencia sancionadora en materia de tráfico al municipio, por medio de sus agentes y en las vías urbanas de su titularidad.

Dicho de otro modo, dado que el aparcamiento del centro comercial es un terreno privado y no de titularidad del municipio, independientemente de que sea utilizado o no por una colectividad indeterminada de usuarios, queda fuera del ámbito competencial sancionador del mismo.

Entonces, ¿pueden multarme en un parking?

Entre las pocas aclaraciones que pueden encontrarse sobre el asunto, parece haber circulado un escrito-respuesta a una consulta realizada por la Policía Local de Leganés, mediante el cual, el entonces Jefe de la Unidad de Ordenación Normativa de la DGT contestó que sí cabía denunciar las infracciones en los centros comerciales. En cualquier caso, no tiene carácter de instrucción o directriz aclaratoria.

Sensu contrario, el 1 de Enero de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Adtvo de Barcelona, Sección 1ª, dictó sentencia 25/2016, mediante la que anula la sanción puesta a un conductor por estacionar en una plaza para personas de movilidad reducida en un centro comercial, precisamente porque el terreno no es de titularidad municipal.

Únicamente si los terrenos estuvieran cedidos al Ayuntamiento, prestados o, en definitiva, bajo la responsabilidad y disponibilidad plena del mismo, podría decirse que cumpliría con las exigencias del artículo 7, de lo contrario, las sanciones serían nulas de pleno derecho por incompetencia manifiesta.

Cabe preguntarse ahora, ¿cómo se resuelve la problemática?

No parece generar mayores quebraderos de cabeza, más allá de algún enfado, el hecho de que no se pueda denunciar un coche por no realizar un STOP o un CEDA dentro del aparcamiento de un centro comercial, y en caso de que ocurra un accidente por no obedecer la señalización, ésta sí que sirve para decidir la culpabilidad, como expuse anteriormente.

El problema surge con las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Afortunadamente es exponencial el aumento de la sensibilización con respecto a la necesidad de dichas plazas, pero a veces hay algún “insensible” que estaciona sin tener autorización, y es cuando la persona que sí tiene su autorización llega a la plaza y observa cómo hay un vehículo que la está ocupando, llamando a la Policía para que solucione el problema. 

Como ya he dicho, la policía está para aplicar la norma y no para inventarla, por lo que la solución menos comprometida sería intentar localizar al conductor del vehículo y conminarle para que lo retirara; caso de que no se localizara poco más se podría hacer desde el punto de vista coactivo, sin comprometer la legalidad de la actuación.

Podrían aplicarse otras dos posibles soluciones, aunque ofrecen dudas, por lo que yo no aplicaría:

Una sería denunciar el vehículo mal estacionado y darle trámite normal a la denuncia (lo que podría llevar a un posible recurso en vía judicial por incompetencia del órgano que dictó el acto (aunque poco probable) que resultaría difícil de defender).

La otra, que resulta algo rocambolesca, pero que sería defendible, trataría de implicar al responsable del supermercado o centro comercial para que tomara la decisión de solucionar el problema del usuario. En virtud de lo establecido en el artículo 53.1-i de la LO 2/86, la Policía Local está obligada a intervenir en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello, por lo que tras ser requerido por el responsable del supermercado, nada impediría que se hiciese uso de la grúa para desplazar el vehículo infractor a otro lugar (haciéndose cargo del importe de la grúa el propio supermercado para después reclamárselo al propietario del vehículo infractor).

Conclusión

De cualquier forma y hasta que alguna norma o la propia jurisprudencia aclaren el modus operandi en este tipo de situaciones, no tengo dudas de que la intervención policial en estos casos no debe pasar del plano mediador entre las partes.

Antes de acabar el artículo, voy a permitirme repetir que existen pocas referencias sobre la materia, de tal forma que las apreciaciones y resoluciones son criterios personales, aunque justificados en la norma. El hecho de que en buena parte de los municipios de España se denuncie en los centros comerciales, parece más una maniobra de ingeniería legal que el estricto cumplimiento de la norma.

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