Desobediencia civil. Concepto, límites y justificación desde un punto de vista histórico y jurídico

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Publicado por Alejandro Trujillo.

Conceptualización histórica

Si tratamos de definir el concepto de desobediencia civil como algo concreto, sería:

“Todo aquel acto, contrario a la ley, que realiza un particular con el fin último de poner en el foco de mira dicha norma por considerarla injusta.”

Es decir, el fin último de la desobediencia no es otro que la modificación o supresión de la norma, contraria a determinados valores que se consideran que deben imperar en una sociedad determinada.

Esta actividad parece quedar perfectamente encuadrada dentro de todo Estado democrático. En este sentido, Thoreau ya señalaba que la voluntad popular que impera en este tipo de Estados, es motivo suficiente para entender que el contenido de las normas debe adaptarse al sentido de justicia de la ciudadanía. De esta forma, el pueblo recuperaría el ejercicio de su soberanía para establecer los límites de la legalidad y de la legitimidad.

¿Qué requisitos debería tener la desobediencia civil?

Sin embargo, a la hora de establecer los límites de este ejercicio, lo que debe preocuparnos son los requisitos de forma al ejercerla. Parece lógico que el poder legislativo y judicial de todo Estado democrático y de derecho, que se ampara en la voluntad del pueblo, quedaría profundamente desvirtuado si se permitiese que la voluntad de algunos llevase a la modificación o derogación de cualquier norma o resolución.

Esta desvirtuación sería aún mayor si el fin se alcanzase por medio de la acción violenta. Ante esto, debemos recordar que el propósito de la desobediencia civil debe ser compatible con la perduración del Estado Democrático y de Derecho, por lo que es esencial que, en la búsqueda del fin, no se produzca un ataque directo a la estructura del Estado, sino una deslegitimación pública de la norma por parte de la ciudadanía.

Por todo esto, conviene destacar la definición dada por Hugo Adam Bedau, aceptada por autores como John Rawls o Ronald Dworkin. Para ellos, la desobediencia civil debía caracterizarse por ser pública y no violenta y el fin de la misma debía ser la puesta del mandato en el foco de mira de la ciudadanía, con la finalidad de su modificación o derogación.

Este ejercicio se justificaba al entender que la legitimidad concedida a los poderes del Estado se perdía en tanto en cuanto el imperativo no resultaba ser acorde a los valores del pueblo.

Tratando de aportar una definición más concreta, John Rawls entendía la desobediencia civil como el:

“Acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, competido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley”.

Sin embargo, considero que esta definición no aglutina la totalidad de posibilidades que pueden darse en su ejercicio. De esta forma, es destacable la trascendencia que ha tenido la desobediencia civil basada en la inactividad para el reconocimiento de ciertos derechos como la objeción de conciencia.

El promotor de este planteamiento es Thoreau quien, en 1849, publica “La desobediencia civil” en la que detalla los principios básicos de la misma, basándose en su propia inactividad. En 1846, Thoreau establece su propia objeción fiscal al negarse a pagar impuestos, a través de los cuales se financiaba la esclavitud y se promovían las guerras injustificadas.

Si volvemos a centrarnos en la definición de Rawls, debemos prestar atención al hecho de que la desobediencia civil sea “consciente”. De esta forma, debemos entender (de la misma forma que hace Bedau) que, el acto de desobediencia civil implica la aceptación voluntaria de las sanciones.

Considero que este punto cobra una gran importancia a la hora de entender el rigor de esta práctica. Reconocer que aceptar la sanción que se produce como consecuencia al supuesto de hecho que es la desobediencia nos conduce a entender esta actividad como el medio justo y legítimo de toda sociedad democrática y de derecho para lograr adecuar todo imperativo legal a la dirección que la ciudadanía quiere seguir.

El caso contrario, es decir, entender la desobediencia civil como el derecho legítimo de desobedecer la norma sin sanción nos llevaría a desvirtuar la herramienta, ya que supondría negar la existencia del Estado de Democrático y de Derecho, ya que la voluntad de una parte de la ciudadanía se acabaría imponiendo de forma ilegítima sobre el resto.

Libertades constitucionales en las que se apoya la desobediencia civil

A la hora de analizar el acto de desobediencia civil, podemos comprobar cómo el desobediente parece gozar de determinadas libertades de las que se sirve hasta el momento de su acción u omisión.

Libertad de conciencia 

En primer lugar, la libertad de conciencia se establece en el artículo 16 de nuestra Constitución Española:

“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.

De esta forma, el desobediente considera que una determinada norma atenta contra sus valores morales, religiosos o ideológicos, lo que ampara su ideal de sociedad contrario a la norma cuya supresión o modificación trata de conseguir.

Este punto de vista es defendido por Ghandi, quien justificaba su desobediencia, no en la contrariedad ante el orden impuesto, ni por falta de respeto a una autoridad legítima, sino por la propia “voz de la conciencia”, cuya libertad para promulgarla es reconocida.

Libertad de expresión

En segundo lugar, la libertad de expresión, cuyo amparo encontramos en el artículo 20 de la Constitución Española:

“Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Así, el desobediente goza de la libertad de denunciar aquella norma que considera injusta, con la finalidad a la que nos hemos referido anteriormente, que no es otra que tratar de poner en el foco de mira de la ciudadanía una determinada norma en tanto en cuanto se considera injusta por el desobediente.

Derecho a la participación política 

Y finalmente, el desobediente goza del derecho a la participación política (artículo 23 de la Constitución Española):

“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”

En este punto es conveniente destacar las ideas que Julieta Marcone aporta en “Las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas”, que señala que la desobediencia civil debe considerarse una forma excepcional de participación política. Marcone considera legítima la desobediencia civil ya que, en tanto posee derechos morales, en los mismos se reconoce el su derecho para desobedecer cualquier ley que, bajo su criterio, el Estado no tiene legitimad para adoptar. 

 De esta forma, el desobediente busca mejorar la forma de vida de sus iguales mediante la denuncia a una determinada ley que puede considerarse contraria a sus derechos y libertades, así como a sus valores.

¿Es el desobediencia civil la herramienta menos lesiva para conseguir el fin propuesto?

Como hemos planteado anteriormente, el ejercicio de la desobediencia civil podría considerarse legítima en cuanto herramienta que busca devolver la legitimidad a la ciudadanía, en detracción a los poderes del Estado, cuyo ejercicio se considera sobrexcedido, al adoptar determinadas resoluciones que se consideran injustos a los intereses del pueblo.

Sin embargo, no debemos olvidar que todo sistema democrático y de derecho posee sus propias vías para poder anular, por contrarias a los derechos y libertades preestablecidos, dichas normas. De esta forma, podemos encontrar tribunales que poseen potestad para anular determinadas normas y resoluciones contrarias a los derechos y libertades de los ciudadanos. Así, el empleo del recurso podría considerarse una herramienta encuadrada dentro de la legalidad y menos lesiva, tanto para el Estado de Derecho como para el desobediente.

Sin embargo, Thoreau ya se mostraba contrario a esta posibilidad en su justificación de la desobediencia civil. Entendía que la utilización de las vías judiciales requiere tiempo y coste económico.

En este sentido, considero que debemos dar una vuelta más a este debate. Aunque el fin último de ambas vías sea el mismo (la modificación o anulación de la norma o resolución), no debemos olvidar que el medio idóneo es aquel que se emplea por las circunstancias de la situación. Así, podremos encontrar medidas que, encontrándose dentro de los márgenes de la legalidad, no pueden ser anuladas. De esta forma, como decíamos anteriormente, los derechos morales del ciudadano le llevan a emplear la desobediencia civil como medio legítimo para conseguir su propósito.

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