¿Por qué decidimos quedarnos en casa durante la crisis del coronavirus? Aspectos de investigación social sobre el cumplimiento de las normas

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Publicado por Marc Pintor Latorre.

Ante la grave crisis sanitaria que afecta al mundo y de forma muy concreta a España, las libertades y rutinas de vida de las que anteriormente disfrutábamos han quedado temporalmente limitadas debido a las necesarias medidas de restricción de movimiento acordadas en el Real Decreto 463/2020 de Estado de Alarma. Estas nuevas normas han supuesto un cambio drástico en nuestra libertad deambulatoria y una de las preocupaciones principales de las autoridades es precisamente cómo controlar su incumplimiento

Desde las ciencias sociales se han estudiado algunos de los factores que influyen en el cumplimiento de las normas jurídicas, tanto desde los efectos comunicativos de su enunciación como del efecto que tiene la imposición de la sanción que tiene asociada. La investigación social tradicionalmente ha identificado cuatro fuentes principales de cumplimiento normativo:

  • La amenaza de la sanción
  • El comportamiento de los demás
  • La percepción de legitimidad de la ley y autoridades
  • La moralidad interna

La amenaza de las sanciones formales

Respecto a la amenaza de la sanción formal, se trata de una perspectiva instrumental por la que se asume que el ser humano modela su conducta en base a un cálculo racional de costes y beneficios de su conducta, cálculo en el que, si las consecuencias negativas superan las positivas, este se sentirá inhibido a infringir la norma.

Así, las sanciones operarían como consecuencia negativa por la transgresión legal a través de tres componentes, la certeza (probabilidad de ser castigado), su prontitud (tiempo transcurrido entre incumplimiento y sanción) y su severidad (dureza del castigo). 

La investigación criminológica ha ido sugiriendo que la amenaza de la sanción formal tiene un impacto preventivo limitado en el cumplimiento de las normas, principalmente por la existencia de un nivel subjetivo sobre las mismas respecto a cuál es el conocimiento de las normas, la probabilidad percibida de ser detectado y la dureza percibida en caso de transgresión. Es decir, tal y como indica Paternoster (2010) no existiría una relación directa entre la existencia de sanciones y el comportamiento, sino que esta se produce a través de un nivel subjetivo de percepción y que, aun en todo caso, numerosos estudios indican que su impacto es muy bajo y por el que sólo la percepción de certeza de sanción tiene un cierto efecto disuasorio (Pratt et al, 2006).

La crisis de la eficacia del modelo de la disuasión y su eficacia preventiva genera el interés en incorporar el análisis de las ciencias sociales para entender la relación entre conducta y norma penal. En concreto Miró (2017) sugiere tres tareas, comprobar la hipótesis acerca que las personas se ven motivas por el castigo penal, identificar los factores del enunciado normativo que inciden en que se cumplan y la determinación del peso que tiene la pena en la decisión de cumplimiento en relación con el resto de los factores no asociados a ella. Este autor indica con acierto que este último es el reto más difícil pero sobre donde debe estar el foco de la investigación social al respecto.

El comportamiento de los demás y las sanciones informales

La puesta en duda de los efectos preventivos generales de las sanciones formales motivó varios experimentos sociales que respondieran a la pregunta acerca de “¿por qué se cumplen las normas?” en vez de preguntarse “¿por qué no se cumplen?”. Como resultado, la literatura ha venido indicando la relevancia que tiene el comportamiento percibido de los demás, sea o no regulado por leyes, para modelar la propia conducta (Cialdini y Goldstein, 2004). Así, podríamos hablar de la existencia de normas sociales descriptivas y normas sociales prescriptivas a las que acudimos para guiar nuestras decisiones de comportamiento.

La norma descriptiva es el proceso por el cual se trata de identificar cuál es el comportamiento normal y consensuado del grupo o de la sociedad en determinados contextos, especialmente en contextos nuevos como por ejemplo la situación de crisis del COVID-19, escenario en el que lo lógico es centrar bastante la atención en cómo se comportan los familiares, amigos, vecinos u otros grupos de iguales en relación con el cumplimiento o no de las restricciones de circulación. 

Por otro lado, la norma prescriptiva sería aquella que indica qué es aprobado o desaprobado por la mayoría de la gente, especialmente en los grupos de iguales. Se trataría de las reglas sujetas a la desaprobación social por parte del grupo, como el rechazo o la estigmatización. En diferentes vídeos surgidos en las redes sociales se pueden ver a vecinos increpando a personas que salían a hacer deporte o permanecían en grupo por la calle a pesar de las prohibiciones (La Vanguardia, 2020). Esto podría ser un perfecto ejemplo de cómo operaría la norma prescriptiva y el importante papel que el denominado control social informal ejercería para el cumplimiento de las restricciones del RD 463/2020.

También en el ciberespacio, que ahora adquiere un nuevo protagonismo como principal vía de interacción humana, ya son abundantes los mensajes de usuarios que desaprueban los comportamientos transgresores que observan, llegando incluso a difundir sus imágenes de personas que han hecho gala de su infracción y a pedir de forma masiva a la policía que actuaran al respecto (La Sexta, 2020).

La legitimidad percibida y la moralidad interna

Otro de los factores explicativos y de creciente interés en la investigación criminológica en la última década es la relación entre la legitimidad percibida y el cumplimiento normativo. La legitimidad es habitualmente definida como la cualidad que posee una autoridad, una ley o una institución, que lleva a sentirse obligado a obedecer sus decisiones y sus órdenes.

En varios estudios y experimentos se han hallado correlaciones importantes acerca de la confianza y la legitimidad de las instituciones respecto a la voluntad de cooperación y obediencia (Tyler, 2006; Jackson et al. 2012). Concretamente estos investigadores sugieren que lo que más incrementa la legitimidad percibida no es tanto la efectividad de su funcionamiento sino la justicia procedimental de sus actuaciones, aunque pueden existir variaciones según el contexto sociocultural y político.

La institución legal más estudiada es la policía, dado que es la que más interacciones directas y cotidianas tiene con la ciudadanía y por las que construye la legitimidad percibida, que se vincularía no sólo a la voluntad de cooperar sino incluso a aceptar un incremento de su discrecionalidad o poderes legales (Sunshine y Tyler, 2003), que de hecho sería el actual caso con las órdenes y habilitaciones especiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin que puedan llevar a cabo el control de las restricciones del RD 463/2020. 

La justicia procedimental a la que se ha aludido como instrumento principal para incrementar la legitimidad percibida es definida en la literatura a través de cuatro componentes:

  • Dar voz al ciudadano
  • Actuar con neutralidad
  • Desarrollar un trato respetuoso
  • Tener motivos positivos o de interés general con sus acciones

Según la investigación social, cuando las interacciones entre la policía y los ciudadanos se fundamentan en estos principios y son visibles para estos, los ciudadanos experimentan un mayor sentido de obligación a aceptar las normas.

Por último, cabe mencionar que esta legitimidad también se construiría a través del juicio moral que se hace de la norma, es decir, cómo de alineado está aquello que permite o prohíben las autoridades con los principios personales del individuo (Bilz y Nadler,2009). Según los estudios que se han centrado en este factor, cuanto más ajustadas estén las normas y decisiones de las autoridades a los estándares morales compartidos de la ciudadanía, la predisposición al cumplimiento será mayor

Conclusiones

Como bien saben los criminólogos, las conductas infractoras surgen por la convergencia de factores de riesgo y de protección individuales, sociales y situacionales, así que los factores aquí mencionados son sólo una de las líneas de influencia. No obstante, se trata de unos factores muy prometedores para la investigación aplicada, especialmente para las políticas públicas de seguridad y prevención, como sugieren algunos autores españoles que han estudiado factores como el de la legitimidad percibida con relación a las normas viales, o en relación con el uso de la fuerza por parte de la policía (Miró y Bautista, 2013; Guillen, 2018).

Para afrontar la crisis sanitaria del COVID-19, el cumplimiento de las órdenes emanadas de las instituciones es fundamental, pero creer que la obediencia dependerá sólo de la amenaza de la sanción parece simplista si tenemos en consideración la investigación criminológica mencionada. Todo ello apunta a que, además de los mensajes institucionales que incrementen la percepción de certeza de sanción, también habría que invertir esfuerzos en visibilizar que el comportamiento grupal y mayoritario de la población es precisamente el del confinamiento y la colaboración con las instituciones, como apuntan notables hilos y campañas desde las redes sociales como el “#quedateencasa” en Twitter.

De hecho, los lazos entre la desaprobación social y la sanción formal parecen estar en este contexto más vinculados de lo habitual, dado que los diferentes cuerpos policiales, cuya misión es dar cumplimiento a las restricciones de circulación, reciben diariamente requerimientos ciudadanos advirtiendo de grupos o individuos incumpliendo las normas.

Que la ciudadanía coopere con las autoridades para advertir de estos comportamientos de forma tan activa es un buen signo de “eficacia comunitaria”, pues la policía no puede estar presente en todo lugar y en todo momento para detectar el incumplimiento. Sin embargo, hay límites que no es deseable que se superen, ya que también existen riesgos asociados a un excesivo control social informal de modo que haya ciudadanos que puedan tomarse la justicia por su mano o señalar a personas que no se encuentran incumpliendo las prohibiciones del real decreto por encontrarse en un supuesto justificado.

Estos días también hemos asistido a vídeos de actuaciones policiales como, por ejemplo, con acciones tan inusuales como agentes dando ánimos desde un megáfono a los ciudadanos confinados, cantando canciones infantiles para niños asomados en balcones o presentándose en los centros sanitarios y rindiendo homenaje a su personal, así como una intensa actividad de información a la población a las redes sociales.

No cabe duda de que estas acciones, más allá de demostrar el valor personal y profesional de estos funcionarios, tienen un buen impacto sobre la legitimidad percibida y con relación a la investigación social expuesta puede influir muy positivamente en la predisposición de la población para cumplir con las restricciones de circulación.  

Por todo ello, y como apuntan Lunn et al. (2020) en un artículo publicado a raíz de esta crisis sanitaria mundial, las instituciones deben usar los conocimientos de las ciencias del comportamiento para luchar contra el coronavirus, especialmente en atención al liderazgo, la comunicación institucional efectiva y empática, así como el fomento de la desaprobación social de la infracción.

De lo que se trata es de facilitar la reducción del número de contagios por desplazamientos ilegales, que en definitiva es el objetivo clave de las prohibiciones del RD 463/2020. Las autoridades de seguridad pública pueden mejorar sus decisiones con un criterio técnico e informado procedente de la investigación criminológica, especialmente para desarrollar estrategias y tácticas persuasivas que activen los sentimientos de cooperación con las autoridades y que complementen la amenaza de la sanción.

Un apunte final es la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el ciberespacio para estas estrategias, ya que se ha configurado como el principal medio de interacción entre ciudadanos e instituciones, y donde también se desarrollan nuevas oportunidades de colaboración comunitaria e información recíproca para poder combatir mejor el estrés social de esta crisis.

Bibliografía

  • Bilz, K., y Nadler, J. (2009). Law, psychology, and morality. Psychology of Learning and Motivation50, 101-131.
  • Cialdini, R. B., y Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology., 55, 591-621.
  • Guillén, F. (2018). Desencuentros entre la policía y el público: factores de riesgo y estrategias de gestión. Barcelona: JM Bosch.
  • Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., y Tyler, T. R. (2012). Why do people comply with the law? Legitimacy and the influence of legal institutions. British Journal of Criminology52(6), 1051-1071.
  • La Sexta (16 de marzo del 2020). La incívica actitud de un alto funcionario de Canarias criticando el estado de alarma por el coronavirus: “Yo me quedo en casa si quiero”. Recuperado de: https://www.lasexta.com/noticias/nacional/incivica-actitud-alto-funcionario-canarias-criticando-estado-alarma-coronavirus-quedo-casa-quiero_202003165e6fac7d62aea30001b109e4.html
  • La Vanguardia (21 de marzo de 2020). Una ‘runner’ se resiste a ser detenida por la policía y monta un gran espectáculo. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20200321/474284455415/runner-detenida-policia-video.html
  • Lunn, P., Belton, C., Lavin, C., McGowan, F., Timmons, S., y Robertson, D. (2020). Using behavioural science to help fight the coronavirus (No. WP656). Behavioural Research Unit, ESRI
  • Miró, F. y Bautista, R. (2013). ¿ Por qué cumplimos las normas penales? Sobre la disuasión en materia de seguridad vial. InDret, (4).
  • Miró, F. (2017). La función de la pena ante el paso empírico del derecho penal. Revista General de Derecho Penal, (27), 6.
  • Paternoster, R. (2010). How much do we really know about criminal deterrence?. The journal of Criminal Law and Criminology, 765-824.
  • Pratt, T. C., Cullen, F. T., Blevins, K. R., Daigle, L. E., & Madensen, T. D. (2006). The Empirical Status of Deterrence Theory: A Meta-Analysis. En F.T. Cullen, J.P. Wright y K.R. Blevins. Taking Stock. The status of criminological theory (pp. 367-395) New Jersey: Transaction Publishers.
  • Sunshine, J., y Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law & Society Review, 37(3), 513-548.
  • Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton: University Press.

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