¿Es delito toser intencionadamente a sanitarios, policías o militares durante la crisis del coronavirus?

Publicado por Francisco José Álvarez Gómez.

Estos días, estamos viviendo una situación que no podríamos pensar, más allá de encontrarnos inmersos en una película de alguna plataforma digital, o una superproducción de Hollywood. Muchas veces, la realidad supera la ficción, y es lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. 

Nos encontramos azotados por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, que nos ha llevado a una situación de tal gravedad, que se ha tenido que aplicar el mecanismo Constitucional del Estado de Alarma, regulado en el articulo 116.2 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio

Ante esta situación, se decretó una cuarentena para toda la población, siendo solo posible salir por las circunstancias que se encuentran tasadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la Gestión de la situación de Crisis Sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Por tanto, esos días se hizo viral el compartir “memes o vídeos” de situaciones que viven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de la situación que viven los profesionales sanitarios en el desarrollo de su trabajo. Varios de esos vídeos virales van desde intentos de arrancar mascarillas de la cara a los profesionales hasta incluso toser a la cara de los mismos. 

¿Estas conductas se podrían calificar como delito? La respuesta, y siempre bajo mi criterio, es clara, puesto que podría calificarse como un posible delito de atentando.

Toser a un profesional de la salud, a un policía o a un militar, ¿qué delito supondría?

Para argumentar el porqué, entiendo que debemos acudir a la tipificación actual del delito de atentado, en el artículo 550 y siguientes de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal, que establece lo siguiente:

1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

En la tipificación, encontramos el verbo “agredir”, el cual no se encuentra desarrollado en el Preámbulo de la citada Ley Orgánica, donde se explican las conductas que se pueden enmarcar para la consumación del delito. 

Haciendo una interpretación del verbo “agredir” de manera extensiva, y teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias en estos momentos, debemos entender que el toser o la transmisión de fluidos de manera dolosa hacia un profesional que se encuentra desarrollando su trabajo, debe entenderse como animus laedendi (deseo de lesionar) y, por tanto, como una conducta sancionable bajo el amparo del Código Penal. 

No solo eso, sino que debería calificarse bajo el amparo de lo tipificado en el artículo 551, en su párrafo segundo, que sería la aplicación del delito cualificado, puesto que en el citado precepto se establece que:

Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves”. 

¿Por qué entiendo que debería ser calificado como delito de atentado cualificado?

Para responder a esto, debemos atender a tres razones

Primero, la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos. No debería de emplearse como “arma” hacia un profesional un virus que está provocando una situación que no se vive desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la especial protección que debe garantizarse a los profesionales que se encuentran expuestos, por razón de su profesión, y tercero, los conceptos “potencialmente peligroso y lesiones graves extraídos de la lectura del párrafo segundo, y que se encuentran en consonancia con los posibles efectos que puede provocar el Coronavirus en las personas.

Si creo que no estoy contagiado, ¿sería delito?

Otra circunstancia que debemos tener en cuenta es el conocimiento por parte de la persona de portar o no el virus. Pues bien, en este caso, entiendo que se trata de animus laedendi, independientemente de que se sea portador o no del virus, puesto que todo el mundo el consciente de la situación, ya que no se sabe con seguridad si se está enfermo y, por tanto, es claro el ánimo lesivo que existe en la conducta. 

Para poder situarse como sujeto pasivo de esta conducta, son el propio artículo 550 y siguientes del Código Penal, además de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, los que señalan las profesiones que se encuentran amparadas bajo este delito.

Como conclusión, me gustaría señalar que toda protección que se le pueda garantizar a los profesionales que se encuentran desarrollando su trabajo en estas situación es poca. Este virus no debería de ser usado como un método para dañar a los profesionales que se encuentran cumpliendo con su trabajo en estas duras circunstancias. Es por ello, que entiendo que la aplicación del delito cualificado de atentado se encuentra más que justificado. 

Valgan estas palabras como herramienta para poder dar a conocer mecanismos que la propia legislación otorga ante la vulneración del normal desarrollo del trabajo de los profesionales que se encuentran como sujetos pasivos de esta conducta, y como homenaje a esa titánica labor que desempeñan.

2 comentarios

  1. Gracias por el artículo.

    Cómo se puede consiredar la lesividad de la acción? Me refiero a si es un tema porcentual en cuanto a fallecimientos. O algo parecido. Me explico; hay gente que no tiene síntomas, y hay otros que mueren, en base a este hecho, no acabo de ver cómo se puede apreciar la peligrosidad objetiva, o acaso basta con la mera posibilidad de que la ación pueda desencadenar en muerte o en enfermedad grave?
    Gracias y saludos

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