La aplicación del Principio de Jurisdicción Universal en el derecho español

Publicado por Alex Trujillo.

Es conocido por todos, con mayor o menor detalle que, ante la comisión de cualquier hecho delictivo por parte de cualquier particular o grupo de particulares, existe un “derecho sancionador”, que le corresponde al Estado, para tratar de corregir y castigar determinadas conductas que se entienden dañinas para el orden ciudadano.

Es por eso por lo que, ante la comisión de cualquier hecho ilícito que deba ser castigado penalmente, el principio de territorialidad nos dirá a qué norma es aplicable como sanción al mismo. Es decir, para que se pueda aplicar la norma nacional sancionadora, el ilícito debe haberse cometido en cualquier espacio sobre el que se extienda la soberanía nacional. En el caso del Derecho Español, la habilitación legal para la ejecución de este principio la encontramos en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ).

“En el orden penal corresponderá la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.”

Límites del principio de territorialidad

Sin embargo, este principio de territorialidad encuentra algunas excepciones que se establecen a través del consenso internacional, a través de lo que se conoce como supuestos de extraterritorialidad. De esta forma, encontramos:

  • Principio de personalidad o nacionalidad: La ley aplicable será la de la nacionalidad del sujeto que lleva a cabo el ilícito. La habilitación legal para su ejercicio la encontramos en el artículo 23.2 LOPJ.

“También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.


c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.”

  • Principio real o de protección de intereses:  Fundamenta la aplicación de la ley nacional en la afectación que el hecho ilícito produce en bienes jurídicos consideraros de importancia para el Estado. Como antes, la habilitación para su ejercicio la encontramos en el artículo 23.3 LOPJ.

“Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.

b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.

c) Rebelión y sedición.

d) Falsificación de la Firma o Estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.

e) Falsificación de moneda española y su expedición.

f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.

g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.

h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.”

Principio de universalidad o de justicia universal: En este caso, la ley de un Estado determinado es aplicable sin necesidad de que existan requisitos de conexión respecto a la territorialidad, interés o nacionalidad. La vertiente práctica de la aplicación de este principio la encontramos en el artículo 23.4 LOPJ que, sin embargo, limita de forma importante su aplicación tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

El fin de este principio no es otro que otorgar la protección a determinados bienes jurídicos que se consideran importantes para la Comunidad Internacional como conjunto, de forma que su perturbación supone una amenaza para el orden público en sus vertientes de paz y seguridad. De esta forma, al entender que el poder punitivo por parte de un Estado no puede ser desarrollado de forma efectiva (o, aun teniéndolo, no se está desarrollando), es un ejercicio obligatorio por parte de los demás Estados el impedir que produzca la impunidad por la comisión de estos ilícitos.

Distintos alcances de la jurisdicción universal en España

 Sería lógico pensar que la jurisdicción universal es una herramienta esencial en la preservación de los intereses comunes de la Comunidad Internacional. Sin embargo, es igual de lógica la idea de que se trata de una herramienta susceptible de ser politizada. Esto se debe a que, en numerosas ocasiones, los ilícitos que caen dentro del ámbito de actuación de la jurisdicción universal, resultan realizados por las autoridades de un determinado Estado. 

Casos paradigmáticos son los de Pinochet, Guatemala o Tíbet, es decir, delitos cometidos contra la propia población del Estado el cual, a posteriori, trata de imposibilitar la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos, ya sea por continuo archivo de denuncias por parte de los Tribunales competentes, o por la aprobación de leyes de amnistía que, lejos de otorgar una tutela judicial efectiva a las víctimas, favorece la impunidad.

Debido a esto, en España se ha pasado de una jurisdicción universal absoluta, que primaba la protección de la víctima, sin que se exigiese ningún tipo de de conexión con el Estado español, a una más limitada y restrictiva.

Artículo 23.4 LOPJ introducido por la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

“Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a) Genocidio.

b) Terrorismo.

c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d) Falsificación de moneda extranjera.

e) Los delitos relativos a la prostitución.

f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.”

Con el paso de los años, fueron apareciendo nuevos delitos de interés para la Comunidad Internacional, por lo que, a la primera redacción del artículo 23.4 LOPJ, se añadieron los delitos relativos a la prostitución y corrupción de los menos e incapaces (LO 11/1999, de 30 de abril); los delitos relativos a la mutilación genital femenina (LO 3/2005, de 8 de julio); tráfico ilegal o inmigración clandestina, sean o no trabajadores (LO 13/2007 de 19 de noviembre).

A partir de este momento, comienza una etapa de limitación en cuanto a los asuntos por los que la jurisdicción española resulta competente para conocer.

Jurisprudencia española de interés sobre la Jurisdicción Universal

De esta forma, las distintas decisiones jurisprudenciales que se han ido estableciendo en lo relacionado a la jurisdicción universal, se fundamentan en la Sentencia del Tribunal Constitucional 237/2005, de 26 de septiembre, por la que se entendía vulnerado el derecho de acceso a la jurisdicción de los demandantes del “Caso Guatemala”, tras la decisión de la Audiencia Nacional (Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2008) y, posteriormente, del Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo 327/2003, de 25 de febrero de 2003).

Así, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, terminó en la inadmisión de la querella, basándose el Tribunal en la aplicación del principio de subsidiariedad:

“que supone la abstención del ejercicio de la jurisdicción de otro Estado cuando los hechos están siendo enjuiciados en aquel en el que ocurrieron los hechos o en un Tribunal Penal Internacional”

Posteriormente, el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por los querellantes en el que, si bien estima parcialmente las pretensiones de los mismos, confirma la falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles. De esta forma, prescinde del principio de subsidiariedad alegado por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero señala que:

“no corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la conexión extraterritorial de su jurisdicción”.

Podrá pensar que, si antes comentábamos que el criterio de jurisdicción universal absoluto legalmente establecido no requería ningún tipo de conexión con el Estado español, ¿va a ser esta la línea jurisprudencia seguida por los Tribunales españoles? La respuesta es no.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 237/2005 de 26 de septiembre, se pronuncia totalmente en contra de la necesidad de dichos puntos de conexión al no encontrarse requeridos en la ley, de forma que se produciría un grave perjuicio a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Ante esta decisión, que marcará la resolución de ulteriores recursos en aquellos procesos basados en la jurisdicción universal, comienzan a sucederse las presiones diplomáticas. Esto, acaba produciendo las dos principales modificaciones de la regulación sobre dicha materia.

Evolución legislativa de la Justicia Universal en España

De esta forma, la LO 1/2009, de 3 de noviembre, establece una serie de requisitos limitadores:

  • Presencia de los presuntos responsables dentro del territorio sobre el que recae la soberanía del Estado español.
  • Nacionalidad española de la víctima.
  • Punto de conexión con el Estado Español.

Además, se introducían mayores limitaciones a la aplicación de la jurisdicción universal en los últimos párrafos del artículo 23 LOPJ:

  • Principio de Subsidiariedad: “Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles”.
  • Posibilidad de sobreseimiento del proceso penal: “El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”.

De esta forma, las continuas presiones venían transformándose en continuas modificaciones de la regulación española que tenían como fin el archivo de las querellas que se habían ido presentando.  Así, en el año 2014 nos encontramos con casos que no habían podido quedar archivados, por lo que la jurisdicción universal vuelve a modificarse a través de la LO 1/2014, de 13 de marzo.

Lo principal de dicha modificación es que trajo consigo la necesidad de que el presunto autor de los hechos se encontrara en territorio español, que la víctima sea de nacionalidad española o que posea algún punto relevante de conexión con el Estado.

¿Sobre qué delitos tiene competencia la Jurisdicción Universal en España?

Esta nueva formulación del artículo 23.4 LOPJ, limita aún más si cabe la aplicación de la jurisdicción universal, exigiéndose el cumplimiento de determinadas condiciones para poder otorgar la competencia para conocer a la jurisdicción española:

  • Genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida de forma habitual en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.
  • Delitos de tortura y contra la integridad moral (de los artículos 174 a 177 CP) y delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Nueva York, 20 de diciembre de 2006): “cuando el procedimiento se dirija contra un español o la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español”.
  • “Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte”.
  • Terrorismo: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o extranjero que resida habitualmente en España; el delito se haya cometido por persona jurídica domiciliada en España; que la víctima tuviera nacionalidad española en el momento  de comisión de los hechos; que el delito se haya cometido para influir o condicionar de modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española; que el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España; que el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o que el delito haya sido cometido contra instalaciones oficiales españolas”. Sin embargo, la reforma introducida por la LO 2/2015, de 30 de marzo, modifica el segundo apartado  estableciendo que será competente la jurisdicción española “siempre que el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español o extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo”.
  • Delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 16 de diciembre de 1970): “siempre que el delito haya sido cometido por ciudadano español o contra una aeronave que navegue bajo pabellón español”.
  • Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de septiembre de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo”.
  • Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York de 3 de marzo de 1980: “Siempre que el delito se haya cometido por ciudadano español”.
  • Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español”.
  • Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos: “siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión”.
  • Delitos contra la trata de seres humanos y contra la libertad e indemnidad sexual, cometidos sobre víctimas menor de edad: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español; o ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; o contra persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o cuando el delito se hubiera cometido contra víctima que tuviese nacionalidad española o residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos”.
  • Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o extranjero que resida habitualmente en España; o el delito se hubiera cometido contra una víctima que tuviera nacionalidad español o residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos, siempre que la persona a la que se le impute la comisión del hechos delictivo se encuentre en España”.
  • Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales: “siempre que el procedimiento se dirija contra un español o ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; que el delito hubiera sido cometido por directivo, administrador, empleado o colaborador de la empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España”.
  • Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública: “cuando el procedimiento se dirija contra un español o extranjero que resida habitualmente en España; o contra persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de  personas que tengan su sede o domicilio social en España; cuando la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos delictivos; cuando el delito se haya cometido contra una persona que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera residencia habitual en España”.

La LO 1/2014 termina con un apartado en el que se establece la competencia de la jurisdicción española para conocer de cualquier otro delito (distinto de los anteriormente señalados), “cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos”.

Además, se consolida el principio de subsidiariedad y la posibilidad de sobreseimiento del proceso penal en España con la redacción que introduce el nuevo punto 5º del artículo 23 LOPJ:

“Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión”.

Críticas

Paradigmático es el denominado “Caso Couso”, en el que el juez titular consideró que la nueva ley resultaba contraria al IV Convenio de Ginebra, relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, que en su artículo 146, señala: 

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra”.

Sin embargo, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo decreta el archivo definitivo de la causa (Sentencia 797/2016 de 25 de octubre de 2016. Recurso de Casación Nº 37/2016). Así, señala que no se desprende el Derecho Internacional ninguna obligación de establecer un modelo de jurisdicción universal absoluto. De esta forma, la LO 1/2014, no llega a considerarse contraria a los Tratados ratificados por España, así como tampoco se entiende contraria a la práctica judicial internacional:

“[…]La Convención de Ginebra, a diferencia de otros Tratados, establece un sistema obligatorio de Jurisdicción Universal, en el sentido de imponer a cualquier país firmante la carga de localizar a los criminales de guerra que se oculten en el mismo, y llevarlos ante sus Tribunales, asumiendo jurisdicción extraterritorial para juzgarlos con independencia del lugar donde ocurrieron los hechos y de su nacionalidad. Pero esta Jurisdicción imperativa no se extiende a la obligación de iniciar investigaciones “in absentia”, de buscar a los responsables fuera de su territorio y de reclamarlos en cualquier caso […]”.

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