Los autónomos se pueden acoger al bono social de electricidad pero, ¿sabías que ello incurre en discriminación?

Publicado por Sandra Jiménez.

¿Discrimina a los trabajadores autónomos?

Como es sabido, el pasado 14 de marzo, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución española, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). En consecuencia, ha acordado hasta la fecha una serie de medidasen forma de decreto– para paliar la crisis sanitaria que atravesamos.

Entre otros, el 1 de abril se publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (Ref.: BOE-A-2020-4280). En su exposición de motivos, concretamente en su apartado II Sección 1.ª, hace mención al bono social de electricidadregulado en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre (Ref.: BOE-A-2017-11505)– y cita textualmente:

“(…) se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un 75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior”

A simple vista, podemos pensar que con esta medida el Gobierno favorece la situación socio-económica de los trabajadores autónomos ya que les concede –de manera expecional y temporal– la posibilidad de considerarse “consumidor vulnerable” si reúnen los requisitos establecidos al efecto y, en consecuencia, beneficiarse del bono social –que no es otra cosa que un descuento en la factura eléctrica de la vivienda habitual-. 

Sin embargo, de la lectura de la norma jurídica que diseña este bono social se desprende que los trabajadores autónomos integran el ámbito subjetivo de aplicación, por lo que podemos entender que el Gobierno, en este caso, no les ha hecho ningún “favor” precisamente. Veamos.

¿Qué es un consumidor vulnerable?

El RD 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica (Ref.: BOE-A-2017-11505), creó la figura del consumidor vulnerable asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al IPREM a quienes se reconoce la percepción del bono social. 

Así, de los artículos 2.1 y 3.1 se desprende:

“Lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación a los consumidores personas físicas que sean titulares de suministro de electrividad en su vivienda habitual (…)”

“A los efectos de este real decreto y demás normativa de aplicación, tendrá la consideración de consumidor vulnerable el titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo persona física, esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumpla los restantes requisitos del presente artículo”. 

Es importante detenernos en este punto. Los referidos preceptos señalan que el presente real decreto se aplica a aquellas personas físicas titulares de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que reúnan una serie de requisitos. Como vemos, el articulado no hace excepciones al concepto “personas físicas, lo que significa que el mismo se aplica a los trabajadores autónomos por tener tal condición, así se desprende del artículo 1.1. de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo (Ref.: BOE-A-2007-13409), que cito textualmente:

“La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual (…)”.

En resumen, el Real Decreto que crea la figura del consumidor vulnerable no excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores autónomos ya que menciona como potenciales beneficiarias del bono social a aquellas personas físicas que reúnan los requisitos establecidos. Por ello, el Gobierno, lejos de beneficiar a este colectivo, ha recortado sus derechos al establecer que la ampliación del bono social es una medida “excepcional y temporal exigiendo, a mayor sazón, requisitos para su concesión muy dispares de los fijados en la normativa señalada para el “resto” de personas físicas.

A modo de ejemplo, se exige que los trabajadores autónomos hayan cesado en su actividad o hayan visto su factura reducida en un 75% en promedio respecto del semestre anterior –condición que no se requiere en el RD 897/2017, de 6 de octubre-. 

¿Estamos, por tanto, ante un supuesto de discriminación -en la ley- ex artículo 14 de la Constitución española?

El “Test de Constitucionalidad establecido por el Tribunal Constitucional”

El artículo 14 de la Constitución Española establece:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Sobre dicho principio, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas ocasiones:

“(…) aunque es cierto que la igualdad jurídica reconocida en el art. 14 de la Constitución vinculada y tiene como destinatario no sólo a la Administración y al Poder Judicial, sino también al Legislativo, como se deduce de los artículos 9 y 53 de la misma, ello no quiere decir que el principio de igualdad contenido en dicho artículo implique en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, en relación con el artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. El artículo 14 del Convenio Europeo -declara el mencionado Tribunal en varias de sus sentencias- no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe precisarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida” (STC 22/1981, FJ. 3).

“(…) el principio de igualdad, si bien ordena tratar de modo distinto a lo que es diferente, también exige que haya una correspondencia o proporcionalidad entre las diferencias fácticas y las jurídicas, de modo que también resulta violado cuando a una diferencia fáctica trivial se le atribuyen consecuencias jurídicas profundas” (STC 50/1991, FJ.4).

En cuanto a las dimensiones del principio de igualdad, el Tribunal Constitucional señala:

“El principio de igualdad que garantiza la Constitución opera en dos planos distintos. De una parte, frente al legislador o frente al poder reglamentario, impidiendo que uno u otro puedan configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables se encuentren en la misma situación, o dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser tomadas nunca en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria.

En otro plano, en el de la aplicación, la igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en la norma” ( STC 144/1988, FJ. 1).

Siguiendo este hilo, en aras a comprobar cuándo la ley –en el sentido más amplio– se ha dictado sin observar el principio de igualdad, el Tribunal Constitucional ha elaborado el denominado “test de constitucionalidad” que viene a resumir su doctrina:

“Sobre el principio de igualdad ante la Ley este tribunal ha elaborado en numerosas Sentencias una matizada doctrina cuyos rangos esenciales pueden resumirse como sigue: a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ellas se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos” (STC 76/1990, Apdo. A) del FJ. 9).

En virtud de lo expuesto, se plantea si es posible entender que nos encontramos ante un supuesto de discriminación en la ley ex artículo 14 de la Constitución Española dado que el propio autor de la norma –el Gobierno-ha posicionado a los trabajadores autónomos en una situación jurídica desventajosa para con el resto de personas físicas, situación jurídica que no ha justificado objetiva y razonablemente tal y como requiere el Tribunal Constitucional –recordemos que la exposición de motivos del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se limita a detallar que tal medida es “excepcional y temporal” a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19-. Por lo que, lejos del aparente propósito de concederle ese “derecho“, ha agravado las condiciones para hacer efectivo el mismo, interpretando –erróneamente– que dicho colectivo no integra el ámbito de aplicación del RD 897/2017, de 6 de octubre. 

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