Posible aplicación de la cláusula rebus sic stantibus durante la crisis sanitaria del COVID-19

Publicado por Gonzalo Cascales Ortells.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está teniendo graves consecuencias para la economía de nuestro país. Desde que se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, han sido numerosas las declaraciones realizadas por representantes de diferentes sectores del tejido empresarial de nuestro país avisando que, de prolongarse esta situación, una gran cantidad de empresas sufrirían consecuencias irreversibles, algo que como es obvio afectaría también a un gran número de trabajadores. 

A los sectores que han visto totalmente paralizada su actividad (cuyo principal ejemplo es el turismo por la vital importancia que tiene en la economía de nuestro país), tenemos que añadir aquellos negocios que, si bien intentan adaptarse a la situación cumpliendo estrictas medidas de higiene así como llevando sus productos a las casas de los clientes, están sufriendo una enorme pérdida de ingresos. Son muchas las personas que, ante esta situación de emergencia económica y social, se preguntan qué soluciones puede ofrecer el Derecho para que los perjuicios provocados por la crisis sanitaria tengan la menor gravedad posible.

A pesar de las medidas que se puedan establecer en el ámbito de la Seguridad Social o del Derecho Fiscal, la realidad es que, en muchas ocasiones, la falta de ingresos hará que aquellas sean insuficientes para los pequeños y medianos empresarios, que se verán abocados a la quiebra cuando sus acreedores quieran cobrar los créditos devengados y no satisfechos. 

El estado de alarma afectará igualmente a miles de particulares que se verán incapaces de afrontar sus obligaciones del ámbito cotidiano, como pueda ser la amortización de un préstamo hipotecario que grava su vivienda, o en el pago de los suministros de agua y electricidad de su domicilio.

¿Qué es la cláusula rebuc sic stantibus?

No obstante, cabe pensar en la situación de enorme excepción en la que nos encontramos. Cuando muchos de aquellos a los que, desgraciadamente, esta crisis sanitaria está afectando tan negativamente, otorgaron contratos por los que se obligaban al cumplimiento de ciertas prestaciones, no podían pensar que unos meses después tendríamos en nuestro país una declaración del estado de emergencia por una pandemia mundial. Es aquí donde puede jugar un importante papel la cláusula rebus sic stantibus.   

La cláusula rebus sic stantibus et aliquo de novo emergentibus (o simplemente rebus sic stantibus), que se puede traducir del latín como “mientras sigan las cosas como eran y no surgiendo algo nuevo”, es una creación jurisprudencial que hunde sus raíces en el Derecho Romano, y cuya finalidad es evitar los desequilibrios que pueden producirse en una relación contractual como consecuencia de un cambio sobrevenido e inesperado de las circunstancias existentes en el momento en que se otorgó el contrato. Como es lógico, su aplicación tiene un carácter absolutamente excepcional, puesto que implica una quiebra del principio pacta sunt servanda y del artículo 1091 de nuestro Código Civil.

La cláusula rebuc sic stantibus durante la crisis económica del 2008

Durante la crisis económica sufrida en España, y cuyo inicio tuvo lugar en el año 2008, fueron muchos los casos en los que los deudores, ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, solicitaron de los tribunales de nuestro país la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Pretendían modificar o dejar sin efectos las obligaciones contraídas a través de aquellos contratos que, habiendo sido celebrados con anterioridad al estallido de la crisis, no podían cumplirse en atención a las sobrevenidas circunstancias que tuvo aquella sobre la economía.

En un primer momento, la jurisprudencia se mostró contraria a que la cláusula rebus sic stantibus se pudiera aplicar por la única razón de la crisis económica. Los argumentos de la jurisprudencia fueron coherentes con la naturaleza de la cláusula que, además de ser de aplicación muy excepcional, requiere de un cambio sustancial y sobrevenido en las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato. La crisis económica no tuvo una fecha de inicio, así como tampoco ha tenido una fecha en que se pueda afirmar que la misma terminó. Asimismo, resulta complicado concretar los efectos que tuvo la misma sobre una persona, o sobre un negocio. Además, su aplicación generalizada por razón de la crisis hubiese podido también provocar el efecto contrario al pretendido, causando ahora un desequilibrio en perjuicio de numerosos acreedores.

Evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo

La Sala primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de enero de 2013, anuló una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón en la cual se acordaba resolver un contrato de compraventa por imposibilidad sobrevenida de la obligación debido a la restricción del acceso al préstamo en nuestro país.

El motivo por el cual esta sentencia rechaza la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus es que la crisis económica fue el único fundamento real esgrimido por la sentencia recurrida en casación, señalando que este argumento sería muy oportunista y generaría grandes perjuicios a los vendedores. No obstante lo anterior, también se señala en la citada sentencia que:

Lo anteriormente razonado no significa, sin embargo, que la regla rebus sic stantibus haya de quedar descartada en todos los casos de imposibilidad de obtener financiación por parte de los compradores de inmuebles. Antes bien, una recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las partes.

Por tanto, no se cerraba totalmente la puerta a que la crisis económica sirviera de base para argumentar los desequilibrios provocados sobre una relación obligacional y que justificarían su modificación. Lo que se requería era conjugar ese empeoramiento general de la economía con la concreta incidencia de la misma sobre las prestaciones del contrato que se pretendía modificar.

La necesidad de dar una nueva interpretación a la cláusula rebus sic stantibus que se adecuase mejor a la realidad social provocada por la crisis económica tuvo respuesta en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 30 de junio de 2014. En la misma, dictada por el Pleno de la Sala,  tras afirmar que la crisis económica es un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido, se señala nuevamente que la misma no sirve como único fundamento para la aplicación de la cláusula

Resulta necesario que el cambio de las circunstancias implique una excesiva onerosidad, es decir, que supere el riesgo normal derivado del contrato y que implique un importante desequilibrio entre las partes. Para que la excesiva onerosidad represente una ruptura de la relación de equivalencia en las prestaciones, debe encontrarse dentro de uno de estos supuestos:

que la excesiva onerosidad refleje un substancial incremento del coste de la prestación, o bien, en sentido contrario, que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida

Esta nueva configuración doctrinal de la cláusula rebus sic stantibus, en la que se ha apoyado nuevamente el Tribunal Supremo en sentencias como la de 24 de febrero de 2015, permite restar a la misma parte de su carácter absolutamente excepcional, flexibilizando en parte su aplicación. No obstante, la utilización de términos abstractos como “substancial incremento” o “envilecimiento del valor” nos hace recordar que nos encontramos ante una creación jurisprudencial y que, por tanto, habrá que estar a las circunstancias del caso concreto para valorar si procede su aplicación.

La cláusula rebuc sic stantibus durante la crisis del coronavirus

No obstante, con la crisis sanitaria existente actualmente se abre un escenario completamente diferente, y es que nos encontramos ahora mismo bajo el amparo de la declaración del estado de alarma, que implica de forma directa la paralización de numerosos sectores de la economía

A esto cabe añadir que, en fecha 6 de marzo de 2020, la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo dictó una sentencia que vino a concretar otro de los requisitos que debe tener un contrato para poder ser modificado por aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. El poco tiempo transcurrido entre la mencionada sentencia y la declaración de estado de alarma hace imprescindible su análisis para entender mejor cuál puede ser el futuro en la aplicación de la cláusula.

Dicha sentencia no supone una ruptura con la línea jurisprudencial expuesta anteriormente. Lo que viene a introducir la referida resolución es una delimitación en los contratos a los que debe resultar de aplicación, y lo hace en atención a la duración de aquellos. Concretamente señala la sentencia que:

El cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus, es más probable que se dé en un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.

Aquí la dificultad radica en saber qué contratos debemos considerar de larga y cuáles de corta duración. En el supuesto enjuiciado en la sentencia, nos encontramos con un contrato de duración de dos años, prorrogado por otro más. Ahora bien, la Sala considera que dicho contrato tiene duración de un año a los efectos de valorar su duración, ya que la discusión sobre el posible desequilibrio de las prestaciones asumidas por las partes recae únicamente sobre la prórroga, no sobre los dos años anteriores.

La otra duda que suscita esta sentencia es la siguiente. Afirma que el cambio de circunstancias es más probable que tenga lugar en un contrato de larga duración, no que sea imposible que tenga lugar en un contrato de corta duración. En mi opinión, para algunos negocios jurídicos de corta duración celebrados con anterioridad al cambio sobrevenido de las circunstancias que supone la declaración del estado de alarma, también debería poder operar la modulación de las prestaciones del contrato.

Si bien solo la casuística jurisprudencial nos dará respuestas firmes a estas preguntas en un futuro, ya contamos con elementos para sacar algunas importantes conclusiones, atendiendo a los requisitos de la cláusula rebus sic stantibus en el excepcional contexto que supone la actual crisis sanitaria.

En primer lugar, si la crisis económica fue un fenómeno con consecuencias suficientemente graves para facilitar la tradicionalmente excepcional aplicación de la cláusula, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 debería serlo todavía más. No solamente nos encontramos con un estado de alarma, que nos marca el inicio y el final de la crisis, sino que actualmente ya contamos con las primeras previsiones económicas, que estiman que el Productos Interior Bruto de España se desplomará un 9,2 % en este 2020, y que el paro podría ascender hasta el 19 %. Es evidente que se trata de un fenómeno que nadie pudo prevenir, ya que los primeros casos documentados datan de diciembre de 2019 y, sólo cuatro meses después, ya nos encontramos con una caída de la economía sin precedentes. Además, los efectos de esta crisis se extienden a prácticamente la totalidad de los países del mundo

A esto cabe añadir que la propia cláusula rebus sic stantibus ya ha tenido reflejo en el Preámbulo Segundo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. En el mismo, se señala que:

procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.

Por tanto, los requisitos utilizados por este Real Decreto-ley para determinar cuando una persona, física o jurídica, puede beneficiarse de la moratoria en el pago de la renta de su alquiler, nos pueden dar pistas sobre cómo argumentar el desequilibrio provocado por un cambio sobrevenido en las circunstancias del contrato y que, por tanto, motivarían la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

La citada sentencia de 30 de junio de 2014 ha señalado que el cambio de circunstancias determina la desaparición de la base del negocio jurídico cuando:

  • “La finalidad económica primordial del contrato, ya expresamente prevista, o bien derivada de la naturaleza o sentido del mismo, se frustra o se torna inalcanzable.
     
  • La conmutatividad del contrato, expresada en la equivalencia o proporción entre las prestaciones, desaparece prácticamente o se destruye, de suerte que no puede hablarse ya del juego entre prestación y contraprestación.”

Es evidente que, si un negocio no ha podido abrir durante varias semanas por razón de las medidas adoptadas durante el estado de alarma o, aún estando abierto, sus ingresos se han reducido en un 75% respecto a la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior, la base de algunos negocios jurídicos celebrados por ese empresario habrá desparecido.

Sirvámonos de un ejemplo

Cabe pensar en un empresario que, unos meses antes del comienzo de esta crisis sanitaria, solicitó de una entidad financiera un préstamo para financiar la adquisición de un local comercial, así como para acondicionar el mismo para poder iniciar allí una actividad de cafetería. Con los beneficios obtenidos una vez comenzase a funcionar su nuevo negocio, pretendía poder hacer frente a la amortización del préstamo. 

Es evidente que existe un riesgo de que el negocio no vaya todo lo bien que el empresario esperaba y, en consecuencia, llegue un momento en que no pueda hacer frente a la amortización de las cuotas del préstamo. En este caso, aunque se diera la imposibilidad de pago por el empresario, no podríamos afirmar que se ha producido un desequilibrio en la proporción de las prestaciones, ya que no ha existido ningún cambio sobrevenido e inesperado de las circunstancias. 

No obstante, si como consecuencia de la declaración del estado de alarma en España, ese negocio se ve obligado a cerrar, y su actividad se paraliza durante siete u ocho semanas, es evidente que la finalidad económica del contrato ha resultado frustrada. O lo que es lo mismo, de haberse sabido estas circunstancias, en ningún momento el empresario hubiese solicitado esa financiación. Y aunque ese negocio pueda volver a la actividad, tendrán que transcurrir muchos meses hasta que se den las circunstancias para que pueda volver a generar los ingresos que pretendía obtener para así poder hacer frente al préstamo y, además, generar ganancias, pagar a sus empleados, etc.

El descenso de los ingresos de ese negocio, o en su caso el cese de su actividad, debería motivar la revisión de ese contrato o incluso, en último término, dejar sin efectos el mismo. En caso contrario, se estaría manteniendo un contrato en unas circunstancias en las que ni existe finalidad económica para una de las partes, ni existe proporción entre las prestaciones asumidas.

En conclusión, podemos afirmar que se abre un nuevo escenario para la cláusula rebus sic stantibus. El éxito en la utilización de la misma para modular o dejar sin efecto ciertos contratos celebrados con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria dependerá del estudio de cada caso concreto, así como de las respuestas que ofrezca en un futuro la jurisprudencia en relación a las situaciones acontecidas durante esta situación de absoluta excepción.

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