¿Es delito el consumo de contenido pirata?

Publicado por Carlos Antonio Moya Notario.

Teóricamente yo había venido aquí a hablar sobre Derecho Militar. Sin embargo, en estos tiempos convulsos también está bien ampliar el campo de visión y tratar sobre otras inquietudes jurídicas que nos van surgiendo.

Aviso a navegantes

Antes de comenzar con la exposición han de quedar claros varios extremos. En primer lugar, se debe remarcar que lo que en este artículo se va a exponer es el «estado actual de la cuestión». Es decir, sabemos –o deberíamos saber– que la jurídica es una ciencia cambiante y que lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Por materia, y en principio, no se producirán constantes cambios normativos, pero sí que se pueden producir cambios jurisprudenciales que den un vuelco al sentido de este post.

En segundo término, se debe entender que en ningún caso promovemos actuaciones irregulares que puedan menoscabar los intereses de la industria cultural y audiovisual, todo lo contrario. Tan solo se trata de dar respuesta a una inquietud jurídica.

Para finalizar el aviso introductorio, daremos por sentado que esta información no es de vuestro interés. Sabemos que es para ese amigo vuestro, a quien en estos días de confinamiento se le están quedando cortas las plataformas de pago que tiene suscritas, ya que en ninguna encuentra esa película de culto de serie B moldava… Por ello recurre a formas alternativas y gratuitas para acceder al contenido.

¿Es mi amigo un delincuente?

Toda vez que ha quedado claro lo anterior, vamos a entrar en materia.

Los delitos contra la propiedad intelectual se tipifican en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal. No vamos a analizar los 3 artículos en profundidad, ni tampoco vamos a enumerar cuantos comportamientos se podrían considerar como constitutivos de los delitos señalados, ya que de lo contrario esta entrada alcanzaría una extensión más propia de una tesis.

Enfocaremos el asunto desde el punto de vista del consumidor que accede a los contenidos, es decir, esta información no va dirigida –en principio– a aquellas personas que ponen a disposición del resto los contenidos culturales mediante las distintas plataformas existentes. Del mismo modo, por simplificar, vamos a englobar la materia objeto del delito en el concepto de «contenidos piratas». En este concepto cabe el acceso a plataformas de series y películas online, de descarga y lectura de libros, visión en abierto de canales de TV de pago, etcétera.

Dicho esto, debemos señalar cuáles son los elementos que exige el Código Penal para que se entienda que la acción realizada es constitutiva de delito. Estos son el «ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto», que el beneficio sea en «perjuicio de tercero» y el no contar con «la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios».

De entrada, puede parecer claro que cuando se habla de piratería ya se da por asumido que no se cuenta con la autorización del titular de los derechos, ni de sus concesionarios, por ello no nos detendremos más con este elemento.

En cuanto al beneficio en perjuicio de tercero, también parece estar claro, ya que, si tu amigo en vez de darse de alta en la plataforma de pago opta por el acceso al contenido mediante una plataforma pirata, se estarán dando las condiciones idóneas para que se produzca un perjuicio patrimonial

Remarcamos que, hasta la fecha, la jurisprudencia no exige la efectiva producción del perjuicio para apreciar la comisión del delito, basta con que se haya podido producir (es lo que se conoce como delitos de mera actividad). Así se puede apreciar, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 30/2017, de 1 de marzo o en la de la Audiencia Provincial de Tenerife 254/2017, de 14 de junio.

Así pues, vamos con lo mollar que, según mi parecer, es el ánimo de obtener un beneficio económico. Seguro que muchos ya os habréis detenido a pensar en qué quiere decir eso del beneficio económico directo o indirecto.

El beneficio económico directo es aquél que se obtiene de forma directa (obviedad) mediante la percepción de una contraprestación recibida por el consumidor de los contenidos piratas. Es decir, un beneficio económico directo se produciría en el caso de que el usuario pagase una cantidad económica por la visualización de la película X, por ejemplo. Como hemos dicho anteriormente, ya que estamos centrándonos en la posición jurídica del consumidor, se puede descartar también el análisis del beneficio económico directo, ya que, hasta donde yo sé, a nadie le han pagado todavía por ver contenidos piratas.

Nos hemos de centrar, por tanto, en el concepto de beneficio económico indirecto. ¿Se obtiene un beneficio indirecto al ahorrar la cuota mensual de una plataforma de pago? Pues podríamos decir que , ¿no? Se está accediendo a un contenido por el que se debería pagar, sin hacerlo. Ahora bien, ¿se puede entender que este ahorro es suficiente para considerar que se está incurriendo en la actividad delictiva señalada por el Código Penal? La respuesta es no.

El concepto de beneficio económico indirecto señalado en el Código Penal se corresponde con aquel que obtienen los responsables de las plataformas piratas por medio de ingresos por publicidad, venta de datos de usuarios, etcétera –al menos así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia hasta este momento-. Es decir, el consumidor que accede a sus plataformas no les proporciona un beneficio directo, ya que no aportan cantidad económica alguna. El beneficio que obtienen mediante su actividad ilícita se deriva de los ingresos que les aportan las actividades anteriormente señaladas, de ahí que tengan la consideración de indirectos.

Por lo tanto, tu amigo al consumir contenidos piratas no está cometiendo un delito, por más que esté ahorrando y pese a que la actuación por la que se le está facilitando el acceso a ese contenido sí que tiene la consideración de delictiva.

¿Seguro que no está cometiendo un delito?

Sí, seguro. No está cometiendo un delito.

Dejamos de lado apreciaciones de naturaleza moral sobre su comportamiento. Al mismo tiempo –y esto es muy importante– no estamos descartando que pueda responder judicialmente por su comportamiento. Por ejemplo, podría encontrarse frente a una demanda por daños y perjuicios presentada por el titular de los derechos intelectuales.

Estamos afirmando que no va a responder penalmente, que no está cometiendo un delito y que no se le puede considerar un delincuente. Sí que podrá, en cambio, responder civil o administrativamente.

Mediante la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal, se han dejado fuera de la consideración delictiva aquellos comportamientos que tan solo supongan un ahorro personal, comportamientos que son considerados infracciones civiles.

En este sentido se pronunció la Fiscalía General del Estado en su Circular 8/2015, en cuyo apartado 3.1.2 se indica lo siguiente:

«En definitiva, el beneficio podrá obtenerse de manera directa o indirecta, pero siempre se referirá a una ganancia o ventaja distinta del mero ahorro del precio por el disfrute de la obra o prestación, y obtenida a escala comercial, esto es, mediante una actividad orientada a esta finalidad».

Conclusión

La materia podría ser tratada con mucha más profusión, se podría haber tratado de la diferente penalidad de los hechos (las posibles condenas), de las especificaciones sobre las diferentes modalidades del delito, de las particularidades del conocido como «top manta», etcétera. Sin embargo, esto habría excedido el objeto del presente artículo, que pretendía dar respuesta a una pregunta concreta: ¿se considera delito el acceso a contenidos piratas? Y como ya se ha dicho, la respuesta es no.

Así pues, debe quedar claro que el acceso a los contenidos piratas si bien no puede ser considerado lícitoya que dicho comportamiento sí que puede ser perseguido civil o administrativamente– al menos, como se ha reiterado, no es constitutivo de delito.

Todo lo anterior se afirma, teniendo en cuenta lo que se indicó al inicio, y es que lo aquí expuesto se basa principalmente en criterios interpretativos, que pueden verse modificados en el corto, medio o largo plazo, por lo que habrá que estar atentos a la actualidad jurídica, también en esta materia.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s