Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la libertad de expresión


Al lector más informado no se le habrán pasado por alto, seguramente, unas declaraciones hechas por el General en Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Detengámonos pues a analizar esta cuestión desde el punto de vista del Estado de Derecho.

¿Qué es la Guardia Civil?

La Benemérita, como popularmente se la conoce, es uno de los cuerpos de policía más antiguo del mundo. Fue creada, originalmente, en virtud de un Real Decreto, fechado el 28 de marzo de 1844, siendo el II Duque de Ahumada, Francisco Javier girón y Ezpeleta, su primer Director General y gran impulsor de ella.

En la legislación moderna, encontramos una referencia a la Guardia Civil en el artículo 9.b) de la Ley Orgánica 2/1986, que la define como

un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior, que en el desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado se sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa.

Es decir, estamos hablando de una organización que se integra en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero que tiene carácter militar, por lo que puede recibir encomiendas militares conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1438/2010.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado según el Derecho Constitucional

Nuestra carta magna dedica un precepto a la policía estatal. En concreto, el artículo 104 de la Constitución Española, encuadrado en su Título IV que lleva por rúbrica “Del Gobierno y de la Administración”. Aunque se deja a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios y estatutos, la misión que le encomienda a estas organizaciones es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Nótese que la Constitución coloca en primer lugar la protección de los derechos de los ciudadanos. Este asunto no es baladí. El pronunciamiento constitucional es claro ya que sobre el descansa la base del Estado de Derecho. Los Cuerpos de Seguridad del Estado tienen por principal encomienda salvaguardar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Para ello deben de velar por la seguridad ciudadana, entendida como un clima de pax social, que genera las condiciones adecuadas de seguridad y libertad que protege el libre ejercicio de los derechos.

Funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Con buen criterio, la Constitución obliga a que las mismas se contengan en una ley orgánica. A tales efectos, se aprobó la anteriormente citada Ley Orgánica 2/1986. En dicho texto legal, encontramos en su artículo 11.1 un catálogo de actuaciones que corresponde, indistintamente a tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil.

Dentro de este extenso precepto, encontramos como funciones propias de ambos cuerpos velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales (letra a del artículo 11.1), mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana (letra d del artículo 11.1) o captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia (letra h del artículo 11.1).

La defensa de los derechos fundamentales. En especial, la libertad de expresión

No nos llevemos a equívocos. Un lector avispado se habrá dado cuenta de que todo el ejercicio previo nos lleva, necesariamente, a hablar sobre el derecho a la libertad de expresión. No pretendo insinuar que existe alguna ilegalidad en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ya que ello corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes), solamente estamos intentando averiguar cuál es el alcance propio de la libertad de expresión y las limitaciones que pudieran afectarle.

De tal manera que partamos del artículo 20 de la Constitución Española. Nos centraremos en dos de las facultades que el precepto recoge. De este modo, están reconocidos y protegidos el derecho:

  • A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción. (artículo 20.1.a) de la Constitución Española).
  • A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. (artículo 20.1.d) de la Constitución Española).

De este modo podemos deducir, claramente, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, por partida doble a la vista del contenido de los preceptos indicados. En ejercicio de su función de velar por el orden público, han de velar por el derecho de los españoles a recibir información veraz y contrastada, por lo que deberán de perseguir los tan afamados “bulos, que circulan por las redes sociales, así como en algunos medios de comunicación, todo sea dicho. Del mismo modo, deberán de proteger el derecho a difundir y expresar libremente el pensamiento de estos ciudadanos, sin que pueda existir un cortapisa a este derecho fundamental que no sea proporcional y se ajuste a derecho.

Puede que estas desafortunadas declaraciones del General en Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil estén siendo sacadas de contexto. O bien no tenían el objeto de levantar tal “polvareda”. Pero no es menos cierto recordar que el Estado no puede identificarse con el poder Ejecutivo. Al menos si no queremos pervertir nuestro Sistema de Gobierno y sus principios fundamentales.

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