La reinserción: una perspectiva histórica, jurídica y psicológica

Publicado por Jessica García Luna.

El sistema penitenciario siempre ha sido motivo de controversia en muchos países alrededor del mundo, en primer lugar porque es díficil plantear una solución a la criminalidad que sea completamente efectiva. Los delitos, y especialmente los que son muy mediáticos, suscitan una gran serie de sentimientos en la sociedad, no hay nadie que no tenga una opinión sobre la forma en la que se tendría que aplicar el castigo. No obstante, tal y como se ha desarrollado un sistema penal objetivo y proporcionado, de la misma manera se ha realizado con el sistema penitenciario. ¿Pero cómo hemos alcanzado este concepto de reinserción? Vamos a averiguarlo. 

Orígenes del fin de la pena

La criminalidad y la aplicación del castigo han existido desde siempre. No obstante, hasta el siglo XVII se seguía sin plantear el fin de la aplicación de un castigo, ¿por qué este castigo y no otro? ¿para qué?. El primer intento de dar explicación a esto es la teoría absoluta (con máximos exponentes como el filósofo Kant), que planteaba que la aplicación de una pena era un fin en sí mismo y que el delincuente perdía el derecho a la ciudadanía porque violaba el derecho a la libertad de los demás. Sin embargo, ésta era una perspectiva más bien jurídica y no psicológica ni sociológica, y por lo tanto, no establecía objetivos de modificación del comportamiento delictivo.

A finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se desarrollan una serie de teorías relativas, dentro de las cuales destacan especialmente las teorías preventivas. En este caso sí se busca un fin concreto de la pena: prevenir la realización de nuevos delitos, con la siguiente lógica basada en la intimidación: la aplicación de una pena va a disuadir a la sociedad de violar las normas de todos y disuade al delincuente, que es quien ha recibido el castigo, a quien se pueden aplicar tratamientos de reforma. Sin embargo, la principal crítica que se le dirige es que bajo esta teoría el fin justifica los medios, y es por ello que se aceptaría cualquier método para lograr la “reforma” del delincuente (aplicación obligatoria y no voluntaria de tratamientos, castigos desproporcionados, ayunos…). 

En España, estas corrientes influyeron a finales del siglo XIX, pero evolucionando en figuras como Rafael Salillas (1854 – 1923) o Fernando Cadalso (1859-1939), que pugnan por un tratamiento individualizado de los internos “por profesionales que respetasen sus derechos”, debido a que empiezan a introducirse las ciencias de la conducta en el ámbito penitenciario. Unas décadas más tarde llegaría una auténtica ola a favor de los derechos de los presos con el nombramiento de Victoria Kent como Directora de Prisiones en 1931, durante la II República. Adoptando algunas de las ideas de Concepción Arenal (1820-1893) eliminó las celdas de castigo y los grilletes, instó a la administración a asumir gastos de desplazamiento o de comidas (que antes se atribuían a los presos perjudicando a aquellos sin recursos) y permitió la libertad condicional de presos de más de 70 años con baja peligrosidad por motivos humanitarios. La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) supuso un retroceso en el que se perdieron los avances hacia un sistema penitenciario humanizado, pero dicho retroceso acabó con la llegada de la democracia y la redacción del artículo 25.2 de la Constitución Española, donde se recogen por primera vez los conceptos de reeducación y reinserción como auténticos fines de la pena, fruto también de las influencias europeas en materia de derechos humanos.

Hacia la reinserción como derecho fundamental

Como hemos observado, el camino hacia la comprensión de un sistema penitenciario humanizado y orientado al interno como una persona que merece respeto y atención ha sido bastante tortuoso. El movimiento a favor de los derechos humanos después de la II Guerra Mundial fue la culminación para lograr un sistema penitenciario con garantías. A este respecto podemos mencionar la aprobación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en 1955 (hoy en día rebautizadas con el nombre “Reglas Nelson Mandela”), que eran de necesaria creación para su consonancia con algunos de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como la prohibición de la tortura o el derecho a no ser detenido y privado de libertad de manera arbitraria. Así, podemos observar en estas Reglas algunos de los aspectos que encontramos posteriormente en nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y que describen de manera clara los componentes de la reinserción, como por ejemplo la importancia del ejercicio físico, las comunicaciones con el exterior, la preparación de la vida en libertad de manera progresiva (trabajo penitenciario, ayuda postpenitenciaria…) y lo que más interesa desde un punto de vista psicológico: “el tratamiento, que estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad”.

Así, llegamos a la España de 1978, año de aprobación de la Constitución Española y de la introducción del artículo 25.2: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Toda una declaración de intenciones en aquella época, dado que ninguna otra Constitución lo recogía hasta la fecha (mencionar que las Reglas Mínimas no son de obligado cumplimiento).

La reeducación consiste en que la prisión no debe interrumpir el proceso de desarrollo de la personalidad del interno mientras que con la reinserción se trata de corregir los efectos negativos del internamiento facilitando la relación del individuo preso con la sociedad. 

Curiosamente, en España se aprobaría la LOGP en 1979, mucho antes de la aprobación en 1987 de una las grandes recomendaciones del Consejo Europeo (las Reglas Penitenciarias Europeas), y digo curiosamente porque la LOGP sería otra adelantada a su tiempo y superaría con creces la legislación europea en materia penitenciaria. Por ejemplo, contempla los permisos ordinarios mientras que en muchos otros países europeos solo contemplan los extraordinarios. Además, uno de los redactores del artículo 25.2 CE y de la LOGP y primer Director de Prisiones de la democracia, Carlos García Valdés, contó con la colaboración de ex – presos políticos a la hora de redactar las mismas, que habían sufrido las condiciones infrahumanas de las cárceles durante la dictadura, y que pugnaron por la importancia de la protección de los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

Así lo decía García Valdés: “Mi actitud será oírlo todo y a todos, escuchar cuanto me tengan que decir, y verlo todo desde los lugares mismos”.

La reinserción como concepto científico

El sistema penitenciario no se puede comprender en su totalidad sin contemplar otra de sus perspectivas fundamentales, que es la psicología. La reinserción desde el punto de vista psicológico está basada en una de las teorías con mayor evidencia científica, que es la teoría del aprendizaje, con un enfoque cognitivo – conductual. Esta perspectiva contempla la conducta como elementos motores, cognitivos y fisiológicos que se pueden tanto aprender como desaprender, y que por lo tanto ofrece al tratamiento del delincuente una serie de técnicas efectivas y eficaces para la modificación de su comportamiento. 

No obstante, no siempre la teoría del aprendizaje ha gozado de popularidad en el tratamiento del delincuente. Una vez que la psicología empieza a tener una gran influencia en el ámbito académico a principios del siglo XX, se empiezan a aplicar las primeras teorías a los criminales, como el psicoanálisis. La teoría de Freud sobre las fases del desarrollo psicosexual se aplica para dar explicación a algunos delitos si existe una fijación en cualquiera de sus etapas por frustración o por aumento de gratificación. Por ejemplo, si existe una fijación en la etapa fálica (cuando se desarrolla el famoso complejo de Electra y de Edipo) puede cometer delitos sexuales debido a la orientación al placer propio. El discípulo de Freud, Adler (1870 – 1937) establece que el delincuente compensa su inferioridad a través del delito y propone sustituir las penas privativas de libertad por terapia psicoanalítica (introspección, análisis de sueños, asociación libre…). Adler apostaba por la “humanización del criminal” después de observar las deplorables condiciones de las prisiones en su época.

Desafortunadamente, la teoría psicoanalítica tenía numerosas limitaciones, por ejemplo su excesiva tendencia reduccionista a pensar que los problemas de criminalidad provienen de una infancia desestructurada. Sutherland (1883 – 1950) vino a dar otro punto de vista a la comprensión de la delincuencia, influenciado por corrientes conductistas de la época. Con su teoría de la asociación diferencial, es de los primeros autores en establecer que el comportamiento criminal es aprendido, en un proceso de interacción con grupos sociales cercanos (como la familia o los amigos) y de esta manera supone una expresión de sus necesidades y valores. Esta teoría tiene un gran impacto porque se empieza a considerar que los delincuentes no están irremediablemente abocados al delito y que por lo tanto se puede modificar su comportamiento. 

Los años 50 y 60 se convierten en una época de avances revolucionarios en la investigación y tratamiento del delincuente. La teoría del aprendizaje lleva ya un largo recorrido de investigación y ha influenciado a numerosos autores para explicar que la delincuencia se produce en todas las clases sociales y que existen factores predisponentes (que no causales) para la explicación del comportamiento delictivo. Eysenck (1916 – 1997) en su libro “Crime and personality” (1964) establecía que el proceso de socialización se aprendía por mecanismos de condicionamiento clásico en los que se adquirían respuestas de miedo y vergüenza por la violación de las normas sociales básicas. Apoyaba la modificación de la conducta criminal con técnicas como la economía de fichas

Esta influencia de la psicología del aprendizaje llegó a España y tuvo una consecuencia trascendental: en 1970 se crea el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, introduciendo así la figura del psicólogo para ofrecer una adecuada asistencia social en las prisiones. Las ciencias de la conducta se empiezan a aplicar en un ámbito en el que se pensaba que nada se podía hacer, con un amplio abanico de técnicas que han sido comprobadas a través del método científico en infinidad de ocasiones. Para haceros una idea, estas son algunas de las técnicas que actualmente se aplican con independencia de la tipología criminal:

  • Relajación: con técnicas como la relajación progresiva de Jacobson o el entrenamiento autógeno de Schultz para la modificación del componente fisiológico.
  • Reestructuración cognitiva: con técnicas como la refutación racional, reducción al absurdo, análisis de consecuentes, autoinstrucciones, parada de pensamiento etc., para la modificación del componente cognitivo.
  • Técnicas de modificación de habilidades sociales: técnica del aprendizaje estructurado, técnica TIPS, técnica SOCS, pensamiento lateral de Bono…
  • Modelado, moldeado, encadenamiento conductual: para aprender conductas específicas.

Conclusiones

La resinserción debe ser un objetivo a alcanzar por cualquier sociedad democrática. A pesar de esto, todavía es común escuchar a la sociedad posicionarse a favor o en contra con la frase “creer (o no) en la resinserción”. Lo más adecuado sería decir “apoyar el proyecto de reinserción” y por varias razones que se han expuesto:

  1. Cuando hablamos de reinserción, no estamos hablando de creencias sino de materia de derechos humanos.
  2. El tratamiento psicológico del delincuente que tiene como objetivo la reinserción está avalada por la ciencia
  3. La reinserción no es un privilegio de los internos, sino un derecho fundamental.

De esta manera, hemos comprendido que las prisiones dan sentido al fin que se busca con la pena privativa de libertad, que es la reinserción a través de la ciencia de la conducta, que va a lograr la modificación del comportamiento para que la persona que ha cometido el delito cumpla con las normas de la sociedad; y a través del derecho, dotando al cumplimiento de la pena privativa de libertad de garantías jurídicas y por lo tanto del respeto a los derechos de los internos, que son inalienables e imprescriptibles.

2 comentarios

  1. Excelente artículo, en Venezuela en teoría existe una oficina de atención a las personas que obtienen su libertad, pero no funcionan. Existe mucho hacinamiento y no hay planes ni programas dr atención a los privados de libertad.
    Saludos

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  2. Enhorabuena por el artículo. Si se me permite, únicamente matizar que si bien es cierto que la reeducación y reinserción social (artículo 25..2 CE) se encuentran dentro del capítulo relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección primera del Capítulo segundo del Título primero de la Constitución) y parte de la doctrina se ha posicionado a favor de la tesis de considerar la reinserción como un derecho fundamental del condenado. El Tribunal Constitucional fijó doctrina estableciendo que la reinserción social se trata de un “mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria del que no se derivará derecho subjetivo alguno, sin perjuicio de que pueda servir de parámetro de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes penales” (ATC 15/1984, de 11 de enero,SSTC 91/2000, de 30 de marzo (FJ 9.2) y 8/2001, de 15 de enero (FJ 1.2)) .
    Un cordial saludo y gracias por la gran labor de divulgación que hacéis todos los colaboradores de discusiónjurídico.com.

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