Declararse culpable en sede policial, ¿tiene consecuencias?

Publicado por Carmen García de la Escosura Vázquez.

Las declaraciones prestadas en sede policial cuentan con un elemento distintivo: se llevan a cabo de manera (casi) inmediata al acaecimiento de los hechos. Por lo que, probablemente, determinados detalles respecto a lo sucedido serán más fáciles de recordar en ese momento que en declaraciones posteriores: las que podrán ser prestadas en la fase de instrucción y/o en el plenario. En las que, por supuesto, podrá modificarse el contenido de lo hasta entonces declarado.

Desde el prisma del investigado, esta situación puede ser especialmente relevante si reconoce su autoría o incrimina a otros partícipes en el hecho delictivo. Aquí situamos, precisamente, nuestro punto de partida: ¿tiene consecuencias esa declaración autoinculpatoria? O, en otras palabras: ¿puede una Sentencia condenatoria estar fundamentada sobre la base de aquella primera declaración sin que haya sido ratificada, posteriormente, ante la autoridad judicial?

Esta cuestión ha sido ampliamente debatida, y no siempre coincidente. El motivo de discusión principal se resume en que: en nuestro ordenamiento jurídico para que la prueba pueda desvirtuar la presunción de inocencia, como regla general, debe practicarse a través de medios lícitos en el juicio oral bajo los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad. Sin embargo, algunas que no son practicadas propiamente en el plenario, sí tienen valor probatorio.

Por ello, se cuestiona si puede la declaración realizada en sede policial acogerse a alguna de esas excepciones probatorias para ser incorporada al plenario, y ser utilizada como prueba de cargo. O si, por el contrario, debe desecharse esa diligencia… por completo. Si nos situándonos en la actualidad,

Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio

Así lo afirma el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2015. Pero, ojo, dicha manifestación tiene matices. Seguramente derivados de la polémica que durante años ha existido acerca del valor probatorio que debe otorgarse a las declaraciones prestadas ante la policía. Ese debate, fruto de la falta de consenso jurisprudencial al respecto, había venido provocando -hasta el Acuerdo de 2015-  diversos giros en su interpretación.

Si analizamos brevemente estos cambios de criterio, observamos que se había venido afirmando que dichas declaraciones únicamente tenían valor de denuncia (STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 4), por lo que carecían de valor probatorio de cargo “en tanto no sean reiteradas y ratificadas en presencia judicial” (STC 51/1995, de 23 de febrero, FJ 2). Sin embargo, poco a poco se fueron incorporando algunas excepciones para admitir las citadas declaraciones como prueba de cargo. 

A modo de ejemplo, podemos señalar la STC 303/1993, de 25 de octubre, donde se reconocía la posibilidad de otorgarle el valor de prueba preconstituida reproducible en el juicio a través del art. 730 de la LECrim, siempre que hubiera intervenido la policía judicial por razones de urgencia o de necesidad (FJ 4).

Así las cosas, la excepción del art. 730 de la LECrim no fue la única. A esta se le añadieron otras tales como la reconocida en el art. 714 de la LECrim o la declaración de los agentes de policía que le habían tomado la declaración. Pero, como se ha dicho, esto no supuso una uniformidad jurisprudencial acerca del valor probatorio de la declaración del victimario. Del mismo modo que, en ocasiones, se aceptaban, otras tantas no.

Esta situación derivó en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2006 donde se puso de manifiesto que las declaraciones prestadas ante la policía podían ser “objeto de valoración por el tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia”. Es decir, cualquiera de los métodos mencionados en el párrafo anterior. Añadiendo, como requisito previo, que

Las declaraciones hubieran sido “válidamente prestadas ante la Policía”

Esto implica que, para que la diligencia de toma de declaración sea considerada como válida, debe cumplir con una serie de requisitos. A saber: (1) que el sujeto que presta declaración sea informado de sus derechos (arts. 118.1.a) de la LECrim); (2) que sean realizadas en presencia de su abogado (arts. 118 y ss. de la LECrim); (3) que sean “espontáneas y no provocadas mediante un interrogatorio más o menos formal de las fuerzas policiales” (STS 652/2015, de 3 de noviembre, FJ 10); y (4) que la confesión haya sido prestada libre y voluntariamente (STS 304/2012, de 24 de abril, FJ 1).

Ahora bien, si, aun cumpliéndose lo anterior, durante la toma de declaración se hubieran vulnerado los derechos fundamentales del investigado. Porque, por ejemplo, haya sido sometido a torturas por parte de la policía. La declaración devendría nula (art. 11.1 de la LOPJ), y sería inadmisible. Por tanto, no podría ser introducida en el plenario, ni valorada -posteriormente- por el tribunal como se proponía en el Acuerdo de 2006.

En cualquier caso, debe quedar claro que, una vez incorporada la declaración del investigado en sede policial al acervo probatorio, será el tribunal el que aprecie “según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio” (art. 741 de la LECrim). En otras palabras: la declaración que haya sido incorporada al plenario mediante algunas de las formas admitidas por la jurisprudencia no va a ser necesariamente empleada como prueba de cargo.

El Acuerdo de 2006, como podemos imaginar, no consiguió zanjar este controvertido debate. Años más tarde, encontramos jurisprudencia matizando el contenido del Acuerdo. En concreto, se exigeque dichas manifestaciones accedan al debate procesal que tiene lugar en el acto del juicio, reproduciéndose en el acto de la vista tanto mediante el testimonio de los funcionarios policiales presentes en aquella diligencia como dando lectura previa a las mismas, pero siempre en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción” (STS 16/2010, de 25 de enero, FJ 3).
Sin embargo, estos matices fueron creciendo hasta tal punto que la STC 68/2010, de 18 de octubre, cuestionóduramente el valor probatorio puro otorgado a una declaración prestada en sede policial. Fue entonces cuando se marcó un nuevo punto de inflexión en la interpretación de esta materia, volviendo casi a los orígenes de la discusión. Es en este contexto, en el que llegamos al

Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2015

En él, como ya se ha comentado, se afirmaba rotundamente que “las declaraciones prestadas ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio”. Añadiendo que, a partir de ese momento, no podrían ser introducidas en el plenario por las vías señaladas en los arts. 714 y 730 de la LECrim al quedar reservadas para las diligencias sumariales. Rechazando expresamente, también, la incorporación de las declaraciones al “acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron”.

A pesar de lo anterior, el Acuerdo de 2015 introduce una excepción: la posibilidad de dotar de validez a aquellos elementos de carácter claramente objetivo (STS 98/2017, de 20 de febrero, FJ 3) contenidos en la declaración autoinculpatoria. Para ello, dichos datos deberán ser acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba y, una vez incorporados al acto del juicio oral, deberá contrastarse la validez y el contenido de la declaración policial mediante el testimonio en el juicio de los agentes policiales que la presenciaron.

En conclusión, y retomando la pregunta que planteábamos al inicio:

¿Tiene una declaración autoinculpatoria ante la Policía algún tipo de consecuencia?

La respuesta sería que la autoinculpación per se no

Ahora bien, los datos objetivos contenidos en una declaración autoinculpatoria válidamente prestadas en sede policial (para lo que debería cumplir con los requisitos expresados con anterioridad), podrán ser incorporados al plenario por auténticos medios de prueba admitidos en derecho junto con la declaración de los agentes de policía que presenciaron la autoincriminación. Con todo ello, será el tribunal quien determine la inferencia por la que, si corresponde, se llega a la conclusión incriminatoria.

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