La paradoja del “impuesto a los ricos”

En los últimos tiempos, no existe una sola persona que se las quiera dar de intelectual que no haya hecho la comparativa entre la sociedad actual y la descrita por George Orwell. Y aquí, por supuesto, no vamos a ser menos. 

En la novela 1984, Orwell inventa el neologismo «doblepensar», que no es otra cosa que tener dos opiniones contradictorias entre sí de manera simultánea. Esto es, creer que algo es bueno y malo a la vez, sincronizar el estar a favor con el estar en contra de ello, defender que es tan verdad como mentira. Y todo sin sufrir un cortocircuito en la mente. 

Pues bien, algo parecido nos pasa a algunos con el llamado «impuesto a los ricos»: que creemos que está bien y mal a la vez; que es una forma de paliar las injusticias pero que con él no se va a conseguir nada; que es una especie de medicamento a medio camino entre la panacea y la homeopatía. Pero sin caer en la tentación de autoinculparnos culpables de la incoherencia. Al fin y al cabo, ¿quién puede tener la certeza absoluta de que su razón es la única verdadera?

Impuesto a las Grandes Fortunas o «impuesto a los ricos»

El Impuesto a las Grandes Fortunas, archiconocido como «impuesto a los ricos», es un tributo propuesto por el vigente Gobierno que pretende paliar los efectos económicos de la crisis propiciada por la pandemia del COVID-19.

El 30 de diciembre de 2019, PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo programático, bajo el nombre de Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, y en cuyo punto 10.2 ya se prometía estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas para que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo. Esta declaración de intenciones se ha materializado, al menos de forma parcial, en el anuncio del Impuesto a las Grandes Fortunas, que, según la propuesta, y dejando exenta la vivienda habitual (hasta un máximo de 400.000 euros), comienza a gravar la riqueza a partir de un millón de euros, conforme a los siguientes tramos impositivos:

Tipo de gravamenValor del patrimonio gravable (excluidos los 400.000 euros de la vivienda habitual)
2%Entre un millón y 10 millones de euros
2’5%Hasta 50 millones de euros
3%Hasta 100 millones de euros
3’5%Superior a los 100 millones de euros

Según informa la prensa, con este tributo –que pretende hacer las veces de Impuesto sobre el Patrimonio– se recaudarían 11.000 millones de euros procedentes de los patrimonios más altos del país. De tal forma que, aunque por ahora no hay más que un boceto de un potencial impuesto y no se han concretado aún sus pormenores, se ha reabierto el viejo debate sobre la manera en que los ricos han de contribuir a las arcas públicas.

Este debate se centra, sobre todo, en dos argumentos, que aquí analizaremos:

  1. por qué los ricos tienen que pagar más impuestos, y
  2. por qué no se va a recaudar tanto como el Gobierno estima

Por qué los ricos tienen que pagar más impuestos

Es frecuente escuchar que no es justo que quien consigue acumular riqueza se vea perjudicado teniendo que pagar más impuestos que quien no hace los sacrificios necesarios para poder acumularla, porque de esta forma lo único que se hace es castigar la inversión y premiar el despilfarro. Y quien defiende esto tiene razón, al menos desde el punto de vista económico. Pero no desde el punto de vista de la justicia tributaria.

Para acumular un patrimonio es necesario, primero, ganarlo. Es decir, generar un capital y decidir reinvertirlo en vez de gastarlo. Para invertirlo, además, es preciso buscar aquellos activos o proyectos que proporcionan la máxima rentabilidad al mínimo riesgo. Y todo esto hay que premiarlo; o, como poco, no sancionarlo con una mayor fiscalidad.

Sin embargo, esta obligación de tributar más cuanto más se tiene está, a mi juicio, justificada principalmente por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver con que no todo lo que alguien genera es mérito suyoo, al menos, exclusivamente suyo–, sino que hay un cierto aprovechamiento de los recursos que emanan de la sociedad que justifica que quien obtiene un beneficio de los mismos tenga que devolver parte de esa riqueza vía impuestos.

Veámoslo con el ejemplo de la dueña de una farmacéutica millonaria, que seguramente dispondrá de un patrimonio importante, pero que no es la única culpable de que su negocio vaya bien y de haber acumulado el capital que tiene. 

Por supuesto, esta empresa paga los salarios a los empleados de la misma, las patentes que utiliza, los costes de los laboratorios, los suministros necesarios para llevar a cabo su actividad, a los proveedores… Pero ¿quién paga por la formación que han recibido quienes trabajan para ella? La empresa les pagará un determinado salario –que probablemente sea mayor del que reciben quienes no tienen esa formación–, pero no paga directamente a la universidad que les formó; tampoco paga a todos y cada uno de los científicos que investigaron para que el estado de la técnica sea el que es, y que le permite fabricar y distribuir los medicamentos con que comercializa y no otros; ni soporta un coste directo por el uso que de las carreteras hace para transportar sus productos desde sus instalaciones hasta sus clientes.

Así pues, existe un cierto aprovechamiento de las infraestructuras de la sociedad que participa de la cadena de producción de ese patrimonio final de que dispone la dueña de la farmacéutica, y la única forma viable que esta persona tiene de pagar dicho aprovechamiento es a través de los impuestos. 

Evidentemente, que una empresa sea exitosa no depende directamente de que la sanidad del país en que opera sea muy buena, pero es innegable que en mayor o menor medida influye. Por eso quien más se «beneficia» de estas infraestructuras debe pagar más impuestos: lo contrario supondría que se está beneficiando de un enriquecimiento ilegítimo (similar al «enriquecimiento injusto» que se da en sede de Derecho civil, salvando las distancias).

Por otro lado, el segundo motivo que creo que lo justifica es que, quien más tiene, más fácilmente puede contribuir a la financiación de las infraestructuras públicas. Es por ello que el artículo 31 de la Constitución Española –y, más tarde, el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria– consagra el principio de capacidad económica. En concreto, en aquél se impone que:

«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Este mandato constitucional se puede resumir los cuatro grandes principios que rigen la forma en que los ciudadanos contribuimos a estos gastos públicos: el principio de generalidad, el principio de igualdad, el principio de progresividadque tiene como límite la confiscatoriedad– y el principio de capacidad económica. Este último, tal y como establece el Tribunal Constitucional en su ATC 71/2008, de 26 de febrero, se erige como «fundamento» y «medida» de la obligación de pagar impuestos, de manera que el Estado sólo puede gravar aquellos hechos que constituyan una manifestación de riqueza real o potencial (fundamento de la obligación), y cuanto mayor sea ésta, mayor cantidad de dinero habrá de aportarse a las arcas públicas (medida de la obligación).

De esta manera, desde el punto de vista teórico, que los más ricos soporten una mayor fiscalidad que aquellos cuyo patrimonio es menor está perfectamente justificado. Y más en momentos como los actuales, en los que lo que se pretende es hacer frente a la crisis económica que viene de la mano de la pandemia. Pero la teoría y la práctica son, a veces, irreconciliables, sobre todo en lo que a riqueza respecta, y lo que suele ocurrir cuando se aumenta la fiscalidad del patrimonio es que éste se deslocaliza.

Por qué no se va a recaudar tanto como el Gobierno estima

Como ya hemos dicho, aunque el impuesto no está diseñado del todoal menos, no de forma pública–, con él se prevé recaudar 11.000 millones de euros (aproximadamente, el 1% del PIB anual). Al margen de si esta previsión es demasiado optimista o no, su aplicación práctica no será tan sencilla: el Estado puede asegurar cuánto «quiere» recaudar, pero no cuánto «podrá efectivamente» ingresar, porque esto depende de factores económicos que no puede controlar.

En el escenario económico internacional, en el que uno de los objetivos principales de la Unión Europea es lograr un mercado único, la libre circulación de capitales está a la orden del día: al amparo del Derecho comunitario, el dinero y el patrimonio pueden trasladarse de un país a otro con total facilidado, como poco, con la menor dificultad–. Tanto es así, que el artículo 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países».

Dado este marco, es complicado pensar que los patrimonios, ante una subida de los impuestos que lo gravan, no se van a ir a otro país. Más aún si se tiene en cuenta que éste no es un impuesto frecuente en el resto de ordenamientos jurídicos europeos. Liechtenstein, Noruega y Suiza –que no forman parte de la Unión Europea, aunque sí del Espacio Schengen– tienen un impuesto que grava el patrimonio, pero lo hace a unos tipos más bajos que el Impuesto a las Grandes Fortunas. Francia, por su parte, sustituyó en 2018 su impuesto sobre el patrimonio («Impôt de Solidarité sur la Fortune») por un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario («Impôt sur la Fortune Immobilière»), en el que no se gravan los capitales mobiliarios, como son los depósitos bancarios o las acciones societarias.

Evidentemente, el único factor que los inversores tienen en cuenta para decidir en qué país depositan sus capitales no es cuántos impuestos tendrán que pagar. Pero sí es un elemento que tienen en cuenta, ya que las personas racionales deciden invertir sus capitales en aquel país en que obtenga un mayor beneficio, entendido éste como la diferencia entre el tipo de interés obtenido de la inversión (rentabilidad) y los costes que obtenerlo le supone (impuestos).

De esta manera, ante una subida de impuestos de este tipo pueden darse tres situaciones diferentes:

  1. Que los impuestos superen, ahora, la rentabilidad de la inversión;
  2. que los impuestos aún no superen la rentabilidad de la inversión, pero sí hagan que los beneficios de los inversores sean inferiores a los que obtendrían si invirtieran los capitales en otros países;
  3. y que los impuestos sean superiores a los anteriores y, pese a ello, sigan ofreciendo un beneficio suficiente al inversor como para que decida mantener su patrimonio en España.

A mi juicio, no toda subida de impuestos propicia necesariamente la fuga de capitales, sino que sólo lo hace aquella que nos deja en una situación de desventaja en relación con el resto de Estados. Es decir, desde el momento en que se vislumbra un escenario de competencia fiscal entre países, el límite para establecer impuestos sin que el patrimonio de los inversores se deslocalice no es que los costes de la inversión no superen la rentabilidad que ésta ofrece, sino que la diferencia entre los tipos de interés y los impuestos sea mayor en España que, por ejemplo, en Francia. Si tenemos en cuenta, además, que en muchos países no existen impuestos de este tipose grava la renta obtenida de la inversión, pero no la existencia misma de un patrimonio, como ocurre en Países Bajos–, el margen de actuación de la política fiscal en este campo es más bien reducida.

Consecuentemente, es más que previsible que un Impuesto a las Grandes Fortunas muy alto haga que perdamos los capitales y la liquidez que tanto necesitaremos para poder superar la crisis económica que venga después de la sanitaria, dando lugar a lo que me he tomado la licencia poética de llamar la paradoja del impuesto a los ricos

Efecto de la paradoja del «impuesto a los ricos»

Por lo tanto, un Impuesto a las Grandes Fortunas demasiado agresivo puede ser un claro ejemplo de cómo puede ser peor el remedio que la enfermedad: tratando de mitigar –con la mejor de las voluntades– los efectos de la pandemia, nos ataremos de pies y manos a la hora de reactivar la rueda de la economía.

Aunque jurídicamente es un mecanismo impecable, la naturaleza del ser humano –sobre todo, del de género español– es no querer pagar impuestos, por lo que una subida de los mismos hará que se busquen maneras de rehuirlos. Y, normalmente, quien es más pudiente, dispone de más medios para trasladar sus capitales a otros países

Pretender obtener de esta forma una mayor cantidad de ingresos tributarios hará, no sólo que recaudemos menos, sino también que haya menos liquidez para invertir, en un escenario en el que el estímulo económico será imprescindible.

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