¿Cuánto dinero vale nuestra libertad? Indemnizaciones en caso de prisión preventiva sin condena

Publicado por Laura Martínez Caballero.

Lo que manifiesta ser una medida de prevención para unos, acaba siendo un infierno para otros: el pasado mes de julio los principales periódicos amanecieron con una noticia en común:

“Sandro Rosell pone en jaque al Estado: pide una indemnización de 29 millones de euros” (Urreiztieta & Orfeo, 2020).

“Sandro Rosell está dispuesto a agotar la vía judicial para que el Estado pague por los dos años de prisión preventiva que sufrió antes de ser absuelto” (Redacción del Periódico, 2020). 

Sin familia, sin amigos, sin trabajo, sin ilusión; y es que el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona decidió interponer una demanda de responsabilidad patrimonial por poco más de veintinueve millones y medio de euros (29.500.000€) por haber permanecido en prisión preventiva casi dos años hasta el pasado 24 de abril de 2019, cuando fue absuelto de todos los cargos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

En este contexto, resulta imperativo que analicemos con detenimiento la figura de la prisión provisional y la enfoquemos de forma específica al caso de Sandro Rosell.

La prisión provisional como medida de prevención

El proceso penal se inicia con la interposición de la denuncia o querella ante el tribunal correspondiente y tiene por objeto el enjuiciamiento de acciones u omisiones concretas para determinar si, a tenor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (LO 1/2015), son o no constitutivas de delito. Por tanto, tiene una fase de instrucción o investigación del delito objeto del proceso, y una fase de enjuiciamiento, que finaliza con una sentencia condenatoria o absolutoria. 

En este sentido, la prisión provisional actúa, según el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sobre aquellas personas imputadas y siguiendo una serie de requisitos:

  1. Que concurran sospechas serias de la comisión de un hecho delictivo con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, con ciertas excepciones.
  1. Que consten motivos suficientes para considerar culpable a la persona contra quien se haya de decretar el auto en cuestión.
  1. Que mediante la prisión provisional se evite el riesgo de:
  • Fuga del investigado.
  • Ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes en la causa.
  • Comisión de otro delito.

Es por ello por lo que el caso de Sandro Rosell es especial, pues, por un supuesto delito de blanqueo de capitales y de grupo criminal, su estancia en prisión fue la friolera de 643 días, día en el que fue eximido.

A este respecto, hemos primero de cuestionarnos: ¿a quién se le puede indemnizar?

La indemnización como compensación del daño

En un primer momento la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) establecía en su artículo 294 lo siguiente:

“1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

De este fragmento surge la siguiente pregunta: ¿qué es la “inexistencia del hecho imputado”?

Siempre he considerado que se aprende mejor con un ejemplo, así que vamos allá:

Imaginémonos que nos han acusado por un delito de robo, pero en la sentencia nos acaban absolviendo. Esta absolución se puede producir por diferentes razones:

  1. Si el acusado no ha participado en los hechos imputados: el delito se produjo, pero el imputado no es el autor o cómplice (la víctima fue robada, pero nosotros no estuvimos implicados); o
  2. Si no existe el hecho imputado per se: puede ser porque no existe la infracción penal o porque no concurren los elementos típicos para que la norma penal se pueda aplicar (la víctima no fue robada o, en el caso en que se produjera, no hay suficientes pruebas para dictaminar nuestra culpabilidad).

En este sentido, la absolución por inexistencia del hecho imputado hace referencia a esta última; y, en el caso específico de Sandro Rosell, no fue posible demostrar fehacientemente su culpabilidad, lo que conllevó la constatación de su inocencia, y su libre absolución (SAN 1471/2019).

A este respecto, en un primer momento resulta difícil entender la motivación detrás del que fue un requisito esencial para la obtención de una indemnización, pues, en virtud del principio in dubio pro reo, no debería existir diferencia cualitativa alguna entre una absolución por la declaración de la inocencia de una persona y una absolución por falta de pruebas, ya que el daño causado es esencialmente el mismo.

Sin embargo, las razones para que su existencia se prolongara en el tiempo parecían ser puramente financieras: el miedo a que todo preso preventivo no condenado pudiese ejercer posteriormente cualquier acción penal que añadiese obstáculos largos y costosos era mayor a la intención de resarcir el daño causado, tal y como ya indicaba Díaz Delgado (p. 185).

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunció en 2006 en la Sentencia Puig Panella c. España, de cuya conclusión se desprende que la norma constituía una discriminación sobre el principio de la presunción de inocencia de manera injustificada (garantizado en el artículo 24 de la Constitución Española), llegando el demandante, incluso, a haber cumplido de manera íntegra la pena de privación de libertad cuando se anularon finalmente las sentencias que le condenaron.

Asimismo, en 2011 el Alto Tribunal se vuelve a pronunciar en una problemática sentencia (TENDAM c. España) en la que considera que el Ministerio de Justicia y las jurisdicciones internas, además de la errónea interpretación del artículo 294, ignoran la presunción de inocencia constatada al expresar sentimientos y sospechas de su culpabilidad después de una absolución definitiva, y señala lo siguiente:

“(…) una vez la absolución sea definitiva –incluso si se trata de una absolución en beneficio de duda (…)– la expresión de duda sobre la culpabilidad, incluidas las derivadas de los motivos de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia.”

A raíz de esta, un voto particular (SAN 1050/2011, de 17 de febrero) discrepa del resto de Magistrados de la Audiencia Nacional y establece que la Sala debió separarse del criterio que el Tribunal Supremo (TS) había implantado y estimar el recurso atendiendo a la doctrina desprendida del TEDH.

Es precisamente este último órgano quien vuelve a emitir otro fallo en 2016 (Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España) y admite la violación del artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (que establece la presunción de inocencia) y condena al “Reino de España” a abonar la indemnización que en ella se fija.

No es, no obstante, hasta la Sentencia 85/2019, de 19 de junio, que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decide plantear una cuestión interna de inconstitucionalidad en los incisos “por existencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del ya citado artículo 294.1, y dispone lo siguiente:

“A tenor de la especificidad y la configuración del precepto, el sentido de la previsión legal de indemnizar en supuestos de adopción legal de la medida solo puede explicarse por la singularidad del derecho involucrado y de la injerencia que supone la prisión preventiva, con efectos sumamente gravosos para el ciudadano.”

“(…) se presentan las evidentes repercusiones físicas y psíquicas que la prisión puede tener sobre quien la sufre junto a las consecuencias de toda índole que pueden derivar de ella; por ejemplo, en los ámbitos familiar, social o laboral.”

De esta manera, de no haberse producido este –necesario– giro jurisprudencial –apoyado sobre el padecimiento de la prisión indebida acordada en un proceso que no concluye en condena– habría supuesto la perpetuación de una diferenciación arbitraria, incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia; por lo que el TC, finalmente, rectifica la amplia interpretación iniciada por la STS 404/1989, de 27 de enero, estima la cuestión y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos anteriormente citados, estableciendo que:

“(…) desde la estricta finalidad de la previsión indemnizatoria de resarcir los extraordinarios daños fruto de la privación cautelar legítima de la libertad, resulta incomprensible circunscribir los supuestos indemnizables a aquellos en que la absolución o el sobreseimiento obedecen a la inexistencia del hecho imputado, (…). Ninguna de las anteriores circunstancias incide y, por tanto, hace decaer la finalidad de compensar el sacrificio del privado de libertad. Esas otras situaciones de prisión preventiva no seguida de condena desencadenan el mismo daño.

No obstante lo anterior, a diferencia de lo que uno pueda pensar y como ya señala la propia Constitución Española (CE), no es posible reclamar una indemnización sobre asuntos que hayan recaído en autoridad de cosa juzgada, como así nos recuerda el propio tribunal:

“El principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que –en el asunto que nos ocupa– esta declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme.”

En este contexto, por tanto, nos falta determinar la cuantía que merece aquel que ha sido privado de su libertad de forma injusta.

¿De cuánto puede ser la indemnización?

El TS ha tenido ocasión de dictar sentencias favorables aplicando la doctrina de la que venimos hablando en cierto número de casos (STS 3121/2019, de 10 de octubre; STS 4276/2019, de 20 de diciembre; STS 2203/2020, de 24 de junio; etc.), en cuyas resoluciones ha optado por estimar el recurso contencioso-administrativo y condenar a la Administración demandada al abono de una indemnización determinada según los daños y perjuicios ocasionados sin importar la razón de su absolución, además del interés legal desde la fecha de la reclamación, pero no a las costas procesales. 

Llegado el momento de acreditar el quantum indemnizatorio, en países como Alemania o Austria el valor monetario sigue una cuantía fijada por cada día pasado en prisión, siendo veinticinco euros (25 €) o entre veinte y cincuenta euros (20 y 50 €), respectivamente; que, trasladándolo al caso de Sandro Rosell y, de haberse producido en Alemania, alcanzaría la cifra de dieciséis mil setenta y cinco euros (16.075 €) por los 643 días transcurridos en prisión preventiva.

Sin embargo, en el caso español, remitiéndonos al dictamen expuesto en la STC 85/2019, la ratio atiende de forma individual y específica a cada injerencia, lo que provoca discrepancias y diferencias entre compensaciones económicas.

En este sentido, el Alto Tribunal parece haber esclarecido en sus últimas sentencias un criterio común de interpretación del artículo 294 LOPJ y de su subsiguiente indemnización: a) ha de aumentar progresivamente, es decir, cuanto mayor sea el tiempo de privación de libertad, mayor ha de ser la compensación, dado que agrava el perjuicio en una tasa creciente; b) se ha de determinar el grado de relevancia de una serie de circunstancias como la edad, salud, conducta cívica, rehabilitación de la honorabilidad perdida, mayor o menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho, etc.; c) según el TEDH, se debe valorar el lucro cesante, es decir, los efectos económicos gravosos que haya provocado la permanencia en prisión; la duración de esta; si ha enfermado física o mentalmente con motivo de su ingreso; las condiciones físicas o mentales durante su estancia que la hacían aún más gravosa; etc.; d) se han de acordar los perjuicios laborales teniendo en cuenta el SMI, referido a la jornada legal de trabajo; el coeficiente que se fija cada año por el Gobierno, para el que se tienen en cuenta diversos factores y debiendo ascender a los días impedidos de ejercer ningún tipo de actividad; y, por último, e) el daño moral debe ser objeto de valoración “desde una perspectiva global“; pero debiendo considerarse la pretensión de particularizar dichos daños según determinados acontecimientos familiares como un plus de afectación por el hecho de estar privado de libertad.

Conclusiones

A este respecto, solo nos cabe determinar cuál es el mejor modelo, alemán o español: ¿se ha de valorar de forma fija e invariable una cuantía que no atiende a criterios concretos o personales o, por el contrario, reparar según el daño ocasionado a cada individuo como ente independiente? 

Aunque, indistintamente de la conclusión que cada uno considere, hemos también de reflexionar –aunque quizás más ampliamente en otro momento– acerca de cómo muchos medios de comunicación ejercen una presión de forma injustificada contra personas que han sido penadas con prisiones provisionales (e indebidas) y de que, aunque falsamente amparados por el “presuntamente” de sus titulares, bien les son conocidas las consecuencias directas de sus publicaciones en el porcentaje de olvido social del hecho, provocando evidentes perjuicios en el ámbito laboral. Y que, sinceramente, en el caso de Sandro Rosell, parece justificar la exigencia de una (aparentemente) alta indemnización.

Finalmente, he de aclarar que no se ha de tomar este texto como un artículo de opinión, pues su único objetivo es la divulgación de no solo una figura jurídica común como es la prisión provisional y preventiva por medio de un ejemplo popular y mediático, sino también de la evolución de la responsabilidad patrimonial por prisión indebida en los supuestos que plantea el artículo 294 de la LOPJ.*

* Para mayor profundización, ver “La obligación del estado de indemnizar los daños ocasionados por la privación de libertad de quien posteriormente no resulta condenado”, de Silvia del Saz.

Referencias

1. LEGISLACIÓN:

  • Constitución Española. BOE. núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE. núm. 157, de 2 de febrero de 1985.
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE. núm. 77, de 31 de marzo de 2015.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE. núm. 260, de 17 de septiembre de 1882.

2. RESOLUCIONES JUDICIALES:

  • España. Sentencia Audiencia Nacional. Sentencia núm. 1050, de 17 de febrero de 2011.
  • España. Sentencia Audiencia Nacional. Sentencia núm. 1471, de 24 de abril de 2019.
  • España. Sentencia Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 177, de 19 de junio de 2019.
  • España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 27 de enero de 1989.
  • España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 10 de octubre de 2019.
  • España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 20 de diciembre de 2019.
  • España. Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 24 de junio de 2020.
  • Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Puig Panella c. España, núm. 1483/02, de 25 de abril de 2006.
  • Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso TENDAM c. España, núm. 25720/05, de 28 de junio de 2011.
  • Sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, núm. 534651 Y 9634/12, de 16 de febrero de 2016.

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SITIOS WEBS:

4. TEXTOS JURÍDICOS:

  • DEL SAZ CORDERO, S. (2014). La obligación del estado de indemnizar los daños ocasionados por la privación de libertad de quien posteriormente no resulta condenado. Revista de Administración Pública, 195, 55-98. 
  • DÍAZ DELGADO, J. (1987). La responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Valencia: Ediciones Siete.

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