Un acercamiento a la figura jurídica del indulto

Publicado por Vega Sánchez Sánchez.

El indulto sin ninguna duda es un tema de rabiosa actualidad, pero mas allá de discrepancias políticas, me propongo a acercaros a su figura jurídica.

El Código Penal en su artículo 130 lo enumera como una de las causas de extinción de la responsabilidad penal, pero si intentamos dar una definición más coloquial, el indulto lo describiríamos como el perdón público de la pena, lo que lo diferencia de la amnistía, a la que más adelante haremos referencia, y en cuyo caso se extingue el delito en sí mismo. 

¿Qué es el indulto?

El indulto es una figura anacrónica, superviviente de épocas pretéritas que conforma, junto con la amnistía, el denominado “Derecho de gracia”. Esta idea de derecho de gracia lo evidencia como una institución que tiene su fundamento en la “clemencia absolutista” y que se integra en el Estado de derecho como un concepto previo a este. 

En contraposición, algunos autores no lo consideran un vestigio histórico si no una expresión del desajuste entre la norma penal y la justicia, que solo puede tener como remedio la concesión de esta “gracia”.

Pero ambas teorías son válidas, si bien es cierto que es una figura absolutista, usada por los órganos en los que recaía el poder de forma arbitraria, en la actualidad, y bien utilizada, sirve para evitar desviaciones en la aplicación de la ley, y por lo tanto consolidar ese valor superior del ordenamiento jurídico que es la justicia.

El ius puniendi otorga la facultad al Estado de imponer penas, mientras que el indulto, es la renuncia por parte del Estado de esa potestad. Sin olvidar que nuestro ordenamiento jurídico, y en especial el derecho penal, se fundamenta en una serie de principios entre los que se encuentra el principio de legalidad, que no es mas que la imposibilidad de imputar un delito o una pena a un individuo que no estuviese establecida por una Ley anterior a su perpetración “nullum crimen, nulla poena sine lege”. El indulto constituye un ataque frontal a este principio de legalidad, pues al tratarse de una potestad extraordinaria, altera la aplicación de esos principios constitucionales.

Y es nuestra Constitución de 1978 la que, en su artículo 62, establece que “Corresponde al Rey: i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” de lo que se desprenden diferentes tipologías del indulto. De una parte podemos diferenciar los indultos generales de los particulares, siendo los generales los que se conceden sobre individuos indeterminados que han cometido la misma acción delictiva y los particulares, los únicos permitidos en nuestro ordenamiento jurídico, son aquellos que se conceden a un sujeto concreto por un delito concreto. En este caso, es fundamental la consideración de las circunstancias personales del penado, que no pueden ser tenidas en cuenta por los tribunales sentenciadores a la hora de dictar condenas en la aplicación rigurosa del principio de legalidad. 

A su vez, se puede establecer otra clasificación, que sería la de indultos totales, el indulto de todas las penas impuestas al reo y que todavía no hayan sido cumplidas (que tan solo se puede otorgar por razones de justicia, equidad o utilidad pública), y los indultos parciales, los que suponen la remisión de alguna de las penas impuestas a los mismos, estableciéndose también la posibilidad de conmutación por otras menos gravosas. En el caso de los indultos parciales pueden recaer sobre las penas accesorias o sobre las penas principales, pero en el caso de que recaiga sobre la pena principal, este indulto lleva consigo la remisión de las penas accesorias, salvo que se hubiese dispuesto otra cosa en la conexión del derecho de gracia.

En la actualidad, el indulto se regula en la Ley de 18 de junio de 1870, la cual ha sido modificada  en tres ocasiones, la primera de ellas por el Decreto-Ley de 6 de septiembre de 1927, la segunda por la ley 1/1988 de 14 de enero y la última por la Ley 1/2015 de 30 de marzo.

¿Cuál es el procedimiento de los indultos?

El indulto tan solo se puede otorgar a reos que hayan sido condenados por sentencia firme, que se encuentren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y por último a aquellos reos que no sean reincidentes (salvo aquellos casos en los que, a juicio del Tribunal sentenciador, se deba valorar por razones de justicia, equidad o conveniencia pública). 

Dentro del procedimiento del indulto podemos diferenciar varias fases, la primera de las cuales está comprendida por la solicitud.

Solicitud del indulto

Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes, cualquier persona en su nombre o incluso, en virtud del artículo 4.3 de Código Penal, el Juez o Tribunal sentenciador, cuando por la rigurosa aplicación de la ley resulte penada una acción y omisión que no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva (lo que ilustra que en virtud del principio de legalidad los jueces no pueden, de una forma arbitraria no aplicar la ley, sino que deben ejecutar la sentencia y posteriormente solicitar al Gobierno la concesión del indulto). El artículo 20 de la Ley de 1870 también permite su solicitud al Tribunal Supremo o al Fiscal de cualquiera de los tribunales autorizados. Y, por último, el Gobierno podrá mandar formar el oportuno expediente cuando este no haya sido solicitado por particulares o por los Tribunales. 

Las solicitudes de indulto, cualquiera que sea la vía por la que se hubieren solicitado, se dirigen al Ministro de Justicia, que deberá tramitarlas. La Ley no concede la posibilidad de inadmisión en esta fase de solicitud, lo que nos lleva a la siguiente fase, la tramitación.

Tramitación del indulto

Una vez recibidas las solicitudes por el Ministro de Justicia, este debe remitirlas a informe del Tribunal sentenciador. Para ello, se deberá recabar informe de conducta del penado, ya sea solicitándoselo al Director del establecimiento penitenciario en el que se encuentre cumpliendo condena, en los casos de privación de libertad, o al Subdelegado de Gobierno en los casos en los que la pena sea de diferente naturaleza a la privación de libertad. Posteriormente el Juez o Tribunal deberá oír tanto al Fiscal, como a la parte ofendida por el delito, en el caso de que la hubiere.

Este informe debe reflejar una serie de circunstancias tasadas en el artículo 25 de la Ley entre las que se encuentra las pruebas o indicios del arrepentimiento del penado (no siendo el arrepentimiento un elemento esencial para la concesión del indulto), cualquier otra circunstancia que pudiese servir para el esclarecimiento de los hechos, y por último un dictamen sobre la justicia o conveniencia y la forma de concesión del derecho de gracia. Una vez finalizado el informe, debe ser remitido al Ministro de Justicia con la hoja-histórico penal, el testimonio de la sentencia ejecutoria y aquellos documentos que a juicio del Tribunal sean necesarios para la justificación de la concesión del indulto. Pero cuando la solicitud sea iniciada por un tribunal, deberá presentarse junto con este informe y documentos.

Es posible la tramitación preferente de aquellos expedientes que sean calificados de especial urgencia o importancia.

Concesión del indulto

La última fase es la concesión del indulto. Esta concesión se realiza por el Consejo de Ministros, tras analizar toda la documentación anteriormente citada. Tomará la forma de Real Decreto y se publicará en  el «Boletín Oficial del Estado».

En el caso de que se produzca la denegación del indulto esta será comunicada al órgano sentenciador para su traslado a los interesados.

Consecuencias

La consecuencia más importante es la de la extinción de la condena, pero no se extingue el delito, del mismo modo que tampoco se extinguirá la responsabilidad civil que deriva de ese delito. En el caso del indulto de penas pecuniarias, se eximirá al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero salvo que esto se establezca expresamente, no supondrá la devolución de las multas que ya hubiesen sido pagadas. Tampoco el indulto se extenderá a las costas procesales.

Debemos señalar que la ley establece que ni la solicitud, ni la propuesta de indulto suspenden el cumplimiento de la sentencia. Pero antes de la aprobación de la Constitución Española en 1978, cuando una de las penas contempladas por nuestro ordenamiento jurídico era la pena de muerte, la solicitud o petición de indulto de la misma sí suspendía su ejecución hasta que el Gobierno hubiera acusado el recibo de la solicitud o propuesta.

Diferencias con la amnistía

Tanto la amnistía como el indulto conforman el denominado derecho de gracia, pero mientras que la amnistía extingue la culpabilidad, el indulto extingue la pena manteniendo esa culpabilidad. La amnistía del mismo modo que el indulto, aparece reflejada en la Constitución Española, pero a diferencia del mismo carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico. 

Dentro de las consecuencias del indulto no se encontraba la extinción de la responsabilidad civil, consecuencia que sí tiene la amnistía, al eliminar esa culpabilidad que fundamenta la obligación de indemnizar de los daños ocasionados. Las amnistías suelen afectar a una generalidad de personas, y son fruto de cambios políticos o sociales (lo que produce que por lo general la amnistía se conceda a delitos políticos, como es el caso de la Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía, en la que se incluían todos los actos con “intencionalidad política” comprendiendo de forma expresa los delitos de rebelión y sedición) mientras que los indultos, y tras la prohibición reflejada en el art 62 de la Constitución, tan solo pueden otorgarse a individuos determinados y no a una generalidad de personas.

Legislación

  • Constitución Española
  • Código Penal
  • Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto
  • Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía

Referencias

  • Indulto y Poder Judicial: ¿Un instrumento para la realización de la Justicia? Enrique Francisco Fliquete Lliso
  • Desmontando el indulto (especial referencia a los delitos de corrupción). Dulce M. Santana Vega
  • Sobre la posibilidad (jurídica) de una ley de amnistía para los delitos de rebelión y sedición. Elisa de la Nuez Sanchez-Casado
  • Una lectura crítica de la ley del indulto. Javier Sanchez-Vera Gomez-Trelles

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