¿Pueden las empresas cometer delitos? La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Publicado por Mariana López Olasagasti.

Desde siempre había regido en el ordenamiento jurídico español el principio societas delinquere non potest (es decir, la sociedad – persona jurídica – no puede delinquir).
Sin embargo, con la reforma del Código Penal del año 2010, se reconoce expresamente, en el novedoso artículo 31.bis de dicho cuerpo legal, la responsabilidad penal directa y autónoma de las personas jurídicas, y su posible concurrencia con la responsabilidad de las personas físicas que actúan en el seno de las mismas. 

Esta responsabilidad, que ya se encontraba presente en el ámbito administrativo sancionador, permite que se pueda investigar, enjuiciar y sancionar a una persona jurídica por determinados delitos del Código Penal (CP en adelante). Se trata de una lista numerus clausus, o lo que es lo mismo, una lista de casos cerrados, por lo que únicamente podrán cometerse por la sociedad los delitos incluidos en la misma.

En cuanto a estos delitos, encontramos los siguientes: tráfico de órganos (156 bis CP), trata de seres humanos (177 bis CP), prostitución y corrupción de menores (189 bis CP), acceso ilícito a datos y programas informáticos (197.3 CP), estafa (251 bis CP), insolvencias punibles (261 bis CP), daños informáticos (264.4 CP), delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores y delito de corrupción entre particulares (288 CP), receptación y blanqueo de capitales (302.2 CP), delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis CP), delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros (318 bis 4 CP), delitos contra la ordenación del territorio (319.4 CP), delitos contra el medio ambiente (327 y 328.6 CP), vertido de radiaciones ionizantes (343.3 CP), tráfico de explosivos (348.3 CP), tráfico de drogas (369 bis CP), falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje (399 bis CP), cohecho (427.2CP), tráfico de influencias (430 CP), corrupción de funcionario público extranjero o de organización internacional (455.2 CP), organizaciones y grupos criminales (570 quarter CP) y financiación del terrorismo (576 bis C).

Asimismo, se establece que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue por su transformación, fusión, absorción o escisión; ni por la disolución encubierta (esto es, si continúa la actividad social con otra entidad).

En cuanto a la fundamentación de esta responsabilidad, el artículo 31.1 bis CP, en su apartado primero, asienta una doble vía:

  • Se imputan a la persona jurídica los delitos cometidos por determinadas personas con capacidad de representación en su nombre o por su cuenta y provecho. Por tanto, la persona jurídica comete un delito cuando, actuando en su nombre, el órgano de gobierno de la entidad lo comete. Aquí el CP se está refiriendo tanto a los administradores de hecho y de derecho como a los representantes legales.
  • Se imputan asimismo las infracciones penales cometidas por personas subordinadas a los representantes de la persona jurídica. Dicha imputación se produce porque éstos no han ejercido debidamente el control debido para la prevención de delitos. Así las cosas, se imputa a la persona jurídica la omisión de los representantes de los deberes de vigilancia de los subordinados.

En ambos casos la conducta delictiva debe suponer un beneficio para la entidad, lo que podrá darse tanto de forma directa, mediante el incremento de beneficios, como indirecta, a través del recorte de gastos. Se trata de un criterio limitador fundamental, pues cuando los representantes o subordinados actúan en beneficio propio no cabe atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica.


Por otro lado, es indiferente que la obtención de dicho beneficio en favor de la entidad hubiera sido su principal y único objetivo, así como que el beneficio se haya producido o no. Cabe, en consecuencia, castigar la tentativa, tanto acabada como inacabada. 


Asimismo, responderá por los actos preparatorios punibles (como son la conspiración, proposición y provocación) y a título de participación, no siendo necesaria la autoría (inducción, cooperación necesaria y complicidad).


En último lugar, resulta necesario destacar las modificaciones introducidas posteriormente, las cuales han resultado ser necesarias tanto para llenar las lagunas legales abiertas por la reforma de 2010, como para completar su articulado.

Así, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, aclara la forma en el que las personas jurídicas deben intervenir en el procedimiento, suministrando los instrumentos procesales oportunos. Concretamente, se establece el régimen de competencias de los tribunales, la intervención de las personas jurídicas en el juicio oral, su conformidad, su rebeldía y su derecho de defensa.

Por su parte, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, incluye a los partidos políticos y sindicatos como posibles responsables penales de este tipo de delitos.

Y la última reforma del Código Penal, producida en el año 2015 mediante la Ley 1/2015, de 30 de marzo, establece a lo largo de su articulado lo siguiente: para que nazca la responsabilidad de las personas jurídicas han de tener reconocida dicha personalidad y han ser imputables, incluyéndose únicamente las personas jurídicas privadas de Derecho civil y mercantil, quedando, por tanto, exentas por imperativo legal, las Administraciones públicas, las organizaciones internacionales de derecho público, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, los Organismos Reguladores, las fundaciones públicas y el Estado.

En consecuencia, de todo lo expuesto puede extraerse que toda reforma de un cuerpo legal responde a alguna necesidad y, en concreto, las reformas referidas al Código Penal deben atender a la necesidad de dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia. Dicha respuesta puede producirse bien mediante la revisión y adecuación de los tipos penales a las conductas delictivas de nuestro tiempo, o bien mediante nuevas tipificaciones, tal y como se produce, mediante la reforma de 2010 y las posteriores modificaciones, en lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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